Canarias lleva la ley de Costas al Constitucional
El Gobierno de Canarias interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la ley de Costas invade las competencias territoriales de las comunidades autónomas, vulnera el principio de igualdad y tiene carácter retroactivo en su aplicación, dijo este viernes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel.
El consejero afirmó en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento de Canarias que confía en que el Tribunal Constitucional mantenga su criterio anterior sobre las competencias territoriales de las comunidades autónomas “y nos de la razón para anular esta ley absolutamente nefasta”.
El recurso que prepara el Gobierno canario para presentar “cuanto antes y con urgencia” estará basado en que, en su opinión, la ley no trata a todos los núcleos costeros por igual “y no puede ser que haya una dispensa” para ciertas poblaciones del litoral en la Península “y no se contemple lo mismo para toda la costa del Estado”.
Tampoco se tienen en cuenta las singularidades canarias que, como islas, sí reconoce la Constitución y que “evidentemente” debe reconocerse en que su litoral debe tener un tratamiento especial, añadió el consejero.
La ley, según Domingo Berriel, no aporta nada nuevo a modernizar ni mejorar la sostenibilidad de la costa y sólo tiene dos objetivos, de los que uno podría ser “razonable e interesante”, que es el de aumentar hasta los 75 años el plazo de las concesiones en el litoral.
Sin embargo, el otro objetivo, para el que ha sido pensada esta ley “exclusivamente”, es el de salvar determinados núcleos que fueron construidos invadiendo el dominio público marítimo terrestre y urbanizaciones de lujo en el litoral peninsular, dijo el consejero.
A su juicio, la ley en modo alguno resuelve el problema costero sino que, por el contrario, empeora la situación de núcleos históricos que tienen como origen la actividad pesquera, y de los que hay “muchísimos” en Canarias.
Al respecto, el consejero reiteró que en la tramitación de la ley no se ha recogido petición alguna de las presentadas por el archipiélago.
“La ley va a peor. No sólo no ayuda sino que invade clarísimamente las competencias de las comunidades autónomas y es retroactiva, ya que exige más requisitos que antes para declarar urbanos algunos enclaves en zonas de protección y da los ayuntamientos un plazo perentorio de tres meses para que se revise la situación de los núcleos que fueron declarados urbanos con anterioridad”, criticó el consejero canario.
Sobre este asunto consideró que “no debemos prestarnos a este juego ni revisar nada, porque no es correcta esta retroactividad de la ley”, de la que repitió que ha arreglado la situación “a dos o tres inversores privados en la Península y se olvida de lo demás”.
Ironizó Berriel sobre el hecho de que la ley se denomina de la sostenibilidad de las costas “cuando no tiene nada que ver con eso”, pues “dice una cosa y hace la contraria”.
Ni siquiera tiene el informe preceptivo del Consejo de Estado, que vela por la constitucionalidad de las normas, por lo que el consejero canario se preguntó “cómo pudieron colar esta ley” en las Cortes pese a su trascendencia.
El Gobierno canario sabe que puede haber “una gran dilación” en la tramitación de su recurso ante el Constitucional pero confía en que al menos se restituya la anterior ley de Costas, que era “dura, pero coherente”, pues su aplicación era “igual para todo el Estado”.
