Canarias cifra en 2.412 millones el déficit de financiación por parte del Estado en materia de sanidad
El Gobierno de Canarias ha denunciado que el déficit de financiación por parte del Estado que, a su juicio, padece su sanidad pública se ha elevado este año a 2.412 millones de euros, una cantidad equivalente a todo un ejercicio de presupuesto del Servicio Canario de la Salud (SCS).
La consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza (CC), ha expuesto este dato este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud que se ha celebrado en la sede del Ministerio en Madrid.
“Si tenemos en cuenta que el SCS cuenta para 2015 con un presupuesto global de 2.627.290.551 euros, el déficit que mantiene el Estado con Canarias solamente en materia sanitaria ha alcanzado ya tal magnitud que es sólo 215 millones de euros menos que el presupuesto que manejamos para mantener el próximo año la sanidad en el Archipiélago”, ha señalado Mendoza, según informa el Ejecutivo.
La consejera canaria ha expresado además el rechazo de la comunidad autónoma al desarrollo del real decreto de 2012 que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos.
“En el Consejo Interterritorial de junio de 2012 ya dejé patente mi posicionamiento contrario y mostré mi desacuerdo con el modelo elegido por el Ministerio, porque se retomaba la figura del asegurado, que esté en franca incongruencia con el modelo de financiación de la sanidad en España, que es por medio de impuestos y no por aportación de cuotas. Paradójicamente, el Real Decreto deja fuera a los que mas aportan”, ha argumentado.
Mendoza sostiene que la regulación planteada por Estado “complica excesivamente el reconocimiento de derecho para el ciudadano, de tal modo que en algunos aspectos podría entrar en conflicto con la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que contempla el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que ya se encuentran en poder de la administración actuante”.
La consejera ha solicitado además que se tenga “una especial sensibilidad” con las características de Canarias en relación al tratamiento a los alumnos isleños desplazados a la Península, ya que “no es razonable que un estudiante canario tenga que empadronarse en la comunidad autónoma en la que está realizando sus estudios para poder recibir asistencia sanitaria, perdiendo con ello sus derechos en cuanto a transportes aéreos se refiere”.
