Cardona amenaza a la plantilla con la precariedad
O aceptan su conversión en funcionarios interinos o se verán abocados a la precariedad y al riesgo de perder el empleo. Esta es la advertencia que ha lanzado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, a los 639 trabajadores para quienes la corporación prevé cambiar el vínculo jurídico que hasta ahora mantienen con la Administración, de personal laboral indefinido a funcionario interino, una modificación contemplada en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aprobará la Junta de Gobierno en las próximas semanas.
En una carta remitida el pasado lunes a los trabajadores municipales, el alcalde defiende uno de los aspectos más controvertidos de la RPT y avisa a los sindicatos que, en caso de conseguir anular esta conversión (ya han amenazado con recurrir a los tribunales), “únicamente desaparecería la herramienta que permite la continuidad en el empleo de los actuales empleados”, lo que ha sido interpretado por el Comité de Empresa como una amenaza.
Cardona señala en su misiva que los sindicatos “pondrían a sus compañeros en una situación jurídica precaria” en caso de que lograran paralizar la conversión, pero que, en ningún caso, “modificarían la RPT”. Para el regidor capitalino, la advertencia de los trabajadores municipales de recurrir a los tribunales el cambio de vínculo basándose en una sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Candelaria es “incomprensible y carente de similitud alguna”.
La pasada semana el Supremo decidió no tramitar el recurso presentado por el Consistorio del municipio del sureste de Tenerife contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que decretaba que el cambio de vínculo de laboral indefinido a funcionario interino es ilegal, contrario a los principios a los que debe someterse el acceso al empleo público -igualdad, mérito, capacidad y publicidad-.
En la línea de lo manifestado por Claudio-Alberto Rivero, coordinador de Recursos Humanos, en la reunión con los trabajadores de la pasada semana, Cardona ha incidido en que el Supremo “no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto”.
Sobre la interpretación de la normativa que hace el TSJC en relación a esta conversión, el alcalde subraya que “no es compartida por muchos especialistas en la materia” y que “pone en peligro la continuidad en el empleo de un porcentaje importante de empleados municipales de Candelaria”.
Cardona ha negado que detrás de esta decisión se esconda la intención de facilitar el despido a través de la amortización de plazas del personal, como sospechan los sindicatos, y ha explicado que la extinción de un contrato indefinido de personal laboral “tiene las mismas características que el cese de personal funcionario interino, como declaró el Tribunal Supremo en sentencia de su Sala General en 2002”.
Por otra parte, el alcalde sostiene que la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias avala la legalidad del proceso y que el informe negativo sobre el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) del municipio -precisamente por este cambio de vínculo- “fue debidamente contestado y no fue recurrido”. Cardona ha criticado, con respecto a la difusión de los datos de este informe, “la tendencia crispadora” de los representantes de los trabajadores.
“Un Ayuntamiento como el nuestro no puede seguir funcionando con un 75% de laborales”, ha sentenciado el alcalde, quien considera que aproximadamente el 80% de los puestos de trabajo debe ser desempeñado por funcionarios.
