'Caso Emalsa': Llega Soria y manda a Curro

¿Informes paralelos? Sí, pero depende. La adjudicación de la compra-venta de acciones de Emalsa no estuvo exenta de esa inveterada costumbre en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de pedir dictámenes ajenos a la Mesa de Contratación o al órgano competente del momento. En la primera fase de la operación apareció en escena el ya fallecido Luis Verge, un técnico multiusos, con gran predicamento en la Casa, que hizo un informe infumable -él mismo escribió en él que no era técnico competente para emitirlo- que, sin embargo, resultó ser decisivo para la originaria adjudicación a la UTE Unelco-Endesa. Pero, una vez anulada esa decisión municipal por una sentencia del TSJC (1996), luego confirmada por el Supremo (2000), el Ayuntamiento volvió a pedir un informe paralelo.

Por entonces ya había desembarcado en la alcaldía (1995-2003) ese fenómeno de la gestión y del escándalo público que es José Manuel Soria, actual vicepresidente del Gobierno. Jaleado por una ciudadanía harta de los escándalos y la mediocridad municipales, Soria llegó al Ayuntamiento con muchas promesas luego descaradamente incumplidas: se embutió en el traje del super-regenerador de la vida pública, pero se estrenó con escándalos como la demolición del edificio Woermann o la expulsión ilegal de inmigrantes. Y remató toda una larga sucesión de indecencias con la compra de La Favorita, el pelotazo del Canódromo o el concurso de Isolux, que dejó encaminado para que Pepa Luzardo le pusiera la guinda.

Pero hubo también una promesa que pasó sin pena ni gloria para el común de los ciudadanos: Soria había criticado hasta la saciedad la adjudicación del 66% de Emalsa a la UTE formada por Unelco y Saur, y en la campaña electoral de 1995 aseguró que, en cuanto pudiera, recuperaría el control municipal de la empresa de abastecimiento de aguas.

La oportunidad le llegó muy pronto, en 2000, con esa sentencia del Supremo que anulaba la adjudicación y obligaba al Ayuntamiento a retroceder el expediente por la ausencia de un informe del interventor. Fue el primer triunfo judicial de Aquagest-Canaragua, que había recurrido aquella adjudicación de 1993.

Soria tenía que buscar una excusa para incumplir su promesa electoral y dar debida satisfacción a quienes antes iba a mortificar. Así que, en aplicación de la doctrina de “que hablen los técnicos”, encargó una auditoría sobre la privatización de Emalsa, un dictamen externo en el que encontrar alguna percha que justificara su cambio de postura.

Como todas sus excentricidades, el entonces alcalde encargó el estudio a la más cara de las tres ofertas que se presentaron, la de la consultora Deloitte, que cobró tres millones de pesetas (18.000 euros). Cuando le preguntaron en un pleno a qué venía esa decisión, que dejaba fuera a Cooper (2.300.000 pesetas) y a Cabrera y Morales (1.800.000), Soria contestó, con ese puntito tecnócrata que todo lo presidía, que Deloitte, además de los abogados y los economías que ofertaban todos, aportaba informáticos e ingenieros. Informáticos e ingenieros para informar sobre la privatización de una empresa pública.

Lo mejor de ese informe, además de esas peregrinas vicisitudes, es que desapareció literalmente del mapa, lo que llevó a la oposición a pensar que era contrario a las tesis del PP de mantener la privatización renunciando a la recuperación del control público de la mercantil.

El dictamen de Deloitte no está en el abultado expediente municipal, ni está en el sumario que se custodia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ese que tardó un mes en ser trasladado desde el hotel de los líos, el Metropole, hasta la sede judicial de la plaza de San Agustín.

Pero a Soria le dio igual, y con informes o sin ellos, ratificó la originaria privatización de Emalsa en un pleno municipal celebrado en 2001, una vez subsanados, al menos presuntamente, los defectos formales hallados por el TSJC y confirmados por el Supremo.

En algún momento imposible de determinar periodísticamente, apareció en escena un personaje imprescindible en la trayectoria municipal de Soria, al menos en sus primeros seis años: Francisco Fernández Roca, su concejal de Hacienda, su mano derecha en los asuntos más espinosos. Como hizo con La Favorita o Isolux, entre otros, Curro Fernández Roca, como también se le conoce, intervino decisivamente en la operación de maquillaje y cambio de tercio del concurso de Emalsa, celebrando reuniones indebidas y elevando a definitivas conclusiones más indebidas todavía.

[Ver, en este punto, el papel de Fernández Roca en el pelotazo de La Favorita, con un viaje relámpago de 24 horas a Suiza justo la víspera de aprobar las bases del concurso para la adquisición, con traje a la medida, de esa vieja fábrica tabaquera].

Una de esas reuniones indebidas sirvió para que los adjudicatarios del concurso, que veían cómo el pez se desprendía del anzuelo y volvía a la mar salada, conocieran de boca del emisario de Soria cómo debían alinearse los astros para que los diecinueve concejales del PP levantaran la mano en el sentido que lo hicieron. Uno de los presentes lo ha contado con tanta profusión de detalles que hasta da grima. En Endesa todavía están con la boca abierta.

Y, tal y como se acordó, el Ayuntamiento aprobó en 2001 volver a adjudicar Emalsa a la UTE Unelco-Saur. Lo malo es que, ante un nuevo recurso de Aquagest-Canaragua, la Justicia volvió a decir en 2008 que aquello era de nuevo un churro, que había que adjudicar la compraventa a la empresa recurrente. Esa es la sentencia luego contradicha por el mismo ponente en 2010. Pero ésa es otra historia.