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'Caso Emalsa': Cuando Pepa quiso vender a su novio

EL PP PROFUNDIZÓ AÚN MÁS EN EL DISPARATE

La alcaldesa que impuso los módulos de Isolux llevó a Emalsa a la picota con tal de agravar la gestión de una empresa estratégica.

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Nunca una empresa tan estratégica y sensible como Emalsa, dedicada al ciclo integral del agua (producción, distribución, reutilización...) en Las Palmas de Gran Canaria ha sufrido tantos contratiempos como consecuencia de la locura política y el dislate judicial. Hasta ahora ha sobrevivido a su privatización en 1992 (a manos del pacto de time-sharing), su re-privatización en 2001 (a manos de José Manuel Soria), su errático padecer en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (a cargo de una desquiciante Sección Primera) y los frívolos meneos a los que la sometió en el periodo 2003-2007 Josefa Luzardo, la alcaldesa más irresponsable que ha pisado la sexta planta de las oficinas municipales de la ciudad. Y miren que ha habido alcaldes irresponsables.

Josefa Luzardo y José Manuel Soria.

Josefa Luzardo y José Manuel Soria.

Luzardo se estrenó en el cargo de alcaldesa en julio de 2003, y ya en agosto se tragaba en toda su amplitud la herencia soriana de otorgar a Isolux el contrato de dos módulos de desalación de agua para el complejo de Piedra Santa. Aquel engendro, que costó ocho millones de euros y ya va por ni se sabe, fue una imposición de campaña electoral a la empresa del amigo Luis Delso. Siete años después, los módulos han provocado un grave perjuicio económico a las arcas municipales, un incremento del boro en el agua de abasto y un nada sostenible aumento de la compra de agua al mercado, ante la insuficiencia generada de producción por las deficiencias de esa instalación.

Emalsa, mientras tanto, se ha negado a asumir la gestión de esos módulos de Isolux que pretendió precisamente instalar la empresa matriz de sus actuales propietarios, Idagua, encabezada por el empresario canario Rafael González Bravo de Laguna, representante en España de los intereses de la francesa Saur, integrada en el poderoso grupo Bouygues.

Pepa Luzardo encañonó política y empresarialmente a Bravo de Laguna desde el mismo momento en que éste anunció acciones penales y administrativas contra la adjudicación de aquellos módulos a Isolux, amenazas que retiró tras recibir un delicado recadito de José Manuel Soria, que venía a decir que si había recurso, los franceses ya se podían despedir de concursar en Canarias. Sicilia en el paralelo 28.

Pero la animadversión de la ex alcaldesa contra el polémico empresario la llevó a ir aún más lejos, a amagar con vender el 34% de Emalsa que aún hoy conserva el Ayuntamiento a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa a la que sigue perteneciendo como alto ejecutivo en las Islas su novio de entonces, Ángel Castanedo.

El PP, que había anunciado en la campaña electoral de 1995 que devolvería Emalsa a la titularidad municipal, pasó a confirmar la privatización en favor de Unelco-Saur en 2001 y a amagar con la privatización total en 2003-2007. Un dechado de coherencia marca de la casa.

Pero para que no faltara ninguna bobería en el catálogo de poses de Luzardo, ya en el papel de jefa de la oposición municipal se lanzó al cuello de Jerónimo Saavedra para criticar muy ásperamente que Emalsa adjudicara a una empresa filial, Ser Canarias, el mantenimiento del alcantarillado de la ciudad. Olvidó la ex alcaldesa, en uno de sus habituales lapsus, que su José Manuel Soria adjudicó ese mismo contrato a dedo durante su mandato triunfal y que Emalsa es empresa privada gracias sobre todo al PP y que, por tanto, no está sometida a esas rigideces de las leyes de contratación pública que con tanta frecuencia se pasa ese partido por el arco del triunfo.

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