Ciudadanos advierte de que las desaladoras de autoconsumo en Canarias son “ilegales o alegales” desde este lunes
Las desaladoras que funcionan en Canarias en régimen de autoconsumo “lamentablemente” son desde este lunes ilegales o alegales, ha asegurado en rueda de prensa la portavoz regional de Ciudadanos y diputada nacional, Melisa Rodríguez.
Rodríguez ha declarado que los propietarios de las desaladoras en régimen de autoconsumo tienen que fiarse de la buena voluntad del Gobierno español para que no sean sancionados, y ha afirmado que el real decreto 900/2015 no está derogado y al entrar este lunes en vigor hace que esas plantas sean ilegales.
La diputada ha señalado que Ciudadanos ha presentado iniciativas para solucionar el problema y ha pedido la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que explique la situación el miércoles próximo en comisión del Congreso de los Diputados.
Pero Melisa Rodríguez no sabe si el ministro José Manuel Soria querrá “honrar” con su presencia a la comisión, y la diputada de Ciudadanos ha asegurado que aunque desde el PP se diga que todo está solucionado no es así.
Fondos del IGTE
Rodríguez ha criticado que desde el Gobierno canario se habla del reparto de los fondos del IGTE en términos de precampaña electoral, y ha defendido que ese dinero se destine a dependencia, sanidad y educación.
La diputada de Ciudadanos ha recordado que el Gobierno español está en funciones y físicamente no hay dinero, y ha añadido que lo más lógico es destinar los fondos a dependencia, sanidad y educación porque es donde se han producido los recortes en Canarias.
Melisa Rodríguez ha opinado que durante el debate sobre los fondos del desaparecido Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) se ha creado un enfrentamiento entre ayuntamientos, y ha insistido en que las políticas sanitaria y de educación tienen que ser prioritarias ante obras en aparcamientos.
El coordinador de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, Mariano Cejas, indicó que todo reparto de fondos tiene que tener un rigor técnico y reiteró que desde el Gobierno canario se “venden” los fondos cuando todavía no se tienen.
Además, señaló Mariano Cejas, desde el Gobierno de Canarias se habla de destinar esos fondos a proyectos por un periodo de hasta cuatro años, cuando la realidad es que el Ejecutivo central sólo habla de 160 millones de euros para este año.
También se refirió Mariano Cejas al reparto de ese dinero y comentó que el criterio establecido por ley es que el 52% debe ser para cabildos y ayuntamientos y el 48% para la comunidad autónoma.
Y, agregó, el 52% que corresponde a cabildos y ayuntamientos debe repartirse en función de los criterios de población, insularidad y superficie
El coordinador de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife declaró asimismo que cuando se estableció el 52% para cabildos y ayuntamientos se dijo que si se eliminaba la compensación al Estado el reparto cambiaría para que las corporaciones locales e insulares recibiesen el 70%.
La delegada de grupos institucionales de Ciudadanos en Canarias, Teresa Berástegui, dijo que desde algún partido se intenta hacer un aprovechamiento político de los fondos del IGTE, y apuntó al presidente canario, Fernando Clavijo, cuyo gobierno, indicó, hace falsas promesas de inversiones y de creación de empleo.
Por todo lo anterior, Ciudadanos presentará una moción en los cabildos y ayuntamientos en los que tiene representación, para pedir que se elabore a la mayor brevedad posible un informe jurídico sobre la naturaleza de los fondos destinados a la compensación al Estado.
Ciudadanos también insta a Federación Canaria de Municipios (Fecam) y Federación Canaria de Islas (Fecai) para que de forma conjunta reclamen al Gobierno de Canarias el inmediato incremento hasta el 70% de su participación en los fondos del bloque de financiación canario.
En la moción se reclama asimismo que, sea cual sea el modelo para gastar los fondos que se destinan a la compensación al Estado, cada municipio reciba al menos una inversión equivalente al importe que le correspondería aplicando la ley 9 de 2003, una vez modificada según el punto anterior.
