Claudina Morales espera que 'el Marqués' no haya hipotecado La Oliva
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, TSJC, que declara nulo el Plan Parcial SAU 12 Casas de Majanicho aprobado en el año 2.000 por el grupo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de La Oliva liderado entonces por Domingo González Arroyo ha despertado la polémica en torno a la actuación de la actual mayoría de Gobierno de la corporación municipal (CC-PSOE) y del Cabildo Insular de Fuerteventura (CC-PSOE).
Esta polémica responde al convenio suscrito entre las administraciones municipal e insular y la entidad promotora para reducir de las 4.000 camas turísticas previstas inicialmente en el Plan SAU 12 hasta las 1.000 camas y de 700 a 300 las plazas residenciales.
Sin embargo, la alcaldesa de La Oliva destacó este viernes que “nos alegramos por la sentencia judicial porque éste era un Plan que nunca se debía haber aprobado”.
Morales contestaba así a las críticas de la agrupación ecologista Agonane, parte demandante en el caso, puesto que, “el único interés del Ayuntamiento en firmar un convenio era que se redujera el número de camas turísticas y el número de plazas residenciales en el caso de que la sentencia hubiese sido favorable a la promotora”, tal y como se estipuló en una de las cláusulas del citado convenio que añadía, además, que si la promotora perdía la causa quedaría anulado el Plan Parcial, aclaró la Alcaldesa de La Oliva.
Claudina Morales quiso contestar también a las críticas que apuntan sobre “una política de continuidad” en el ámbito urbanístico de la anterior corporación asegurando que “esa afirmación es absolutamente incierta porque de los 19 planes parciales que había dejado Domingo González Arroyo prácticamente no se está desarrollando ninguno en estos momentos”.
Asimismo, la primera edil de La Oliva apuntó a que desde la entrada del nuevo grupo de Gobierno lo único que hemos hecho “es intentar negociar a la baja los planes parciales a través de convenios o frenándolos”.
La Alcaldesa señaló su preocupación por la repercusión que esta sentencia tendrá para el Ayuntamiento. “Nos gustaría saber en qué situación coloca esto al Ayuntamiento, lo que si es verdad, es que espero que una decisión del grupo de Gobierno o de Domingo González Arroyo no haya hipotecado el municipio”.
En este sentido, Morales confirmó que ya han iniciado los trámites para solicitar un informe jurídico porque “me preocupa a parte de las posibles indemnizaciones el que estas viviendas ya estaban en venta”.
