Coalición Canaria intenta personarse en la causa contra Clavijo para reventarla desde dentro
Un ex alto cargo del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, Juan José Delgado Montero, ha intentado por ahora sin éxito personarse en el caso grúas como acusación popular previsiblemente para reventarlo desde dentro. De la mano del abogado administrativista Ángel Luis Guimerá, Delgado Ramos presentó hace unos días escrito ante la jueza de Instrucción 2 de La Laguna para que se le tuviera por personado en la instrucción en la que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la gestión, rescate y concesión del servicio municipal de grúas de la ciudad de La Laguna (Tenerife). En esa instrucción figuran como denunciados el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de Coalición Canaria en esa Corporación, Antonio Pérez-Godiño. La causa acaba de ser enviada por la jueza instructora al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dada la condición de aforado del presidente del Gobierno.
Juan José Delgado Ramos es un viejo cargo público de Coalición Canaria en la Comunidad Autónoma que ya ha pasado a la reserva activa y que es utilizado para este tipo de trabajos donde no conviene ser muy conocido para no llamar la atención. Durante su etapa más activa en la política institucional estuvo vinculado a Víctor Díaz, que llegó a ser consejero de Empleo en los primeros años de gobierno de Coalición Canaria o sus fórmulas previas de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC). Víctor Díaz es hermano del actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz.
La persona utilizada para personarse en el caso grúas fue director general de Función Pública en 1995, secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Asuntos sociales con Víctor Díaz entre 1995 y 1999, y secretario general técnico de Presidencia e Innovación Tecnológica con Julio Bonis en 2002. Siempre bajo gobiernos de Coalición Canaria.
Delgado Montero intervino como testigo de parte en el juicio del caso Icfem, en el que se juzgó la gestión de los fondos de formación para personas desempleadas del Servicio Canario de Empleo. Su testimonió obró a favor del exconsejero de Empleo Víctor Díaz, hermano del actual alcalde de La Laguna.
La jueza Celia Blanco ha rechazado su personación por considerar que no cumple con los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige para casos como el suyo interponer querella y depositar fianza. Es decir, querellarse contra los denunciados (si lo estimase) y estar a la prestación de la cantidad económica que el juez o jueza de instrucción estime conveniente. En la actualidad están personados como acusación los concejales denunciantes del caso Grúas, Rubens Ascabio, María José Roca, Idaria Afonso, por parte de Unid@s Se Puede, y Santiago Pérez y Juan Luis Herrera por Por Tenerife-Nueva Canarias. El intento de personación de alguien que no es denunciante, que no representa a ningún partido político, sindicato, asociación o entidad y que, por más señas, es viejo militante de CC solo cabe interpretarse como una estrategia procesal del equipo de juristas de Clavijo con el objetivo de obstaculizar o enturbiar la instrucción.
Pero estos primeros pasos del caso Grúas en los juzgados de La Laguna, con inminente traslado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también han deparado otras apariciones llamativas, como la del abogado Esteban Sola. Este catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna se ha especializado estos últimos años en casos vinculados a Coalición Canaria y a la corrupción. Y no necesariamente por ese orden. Fue el letrado que defendió a Fernando Clavijo en el enojoso caso Corredor, en el que el hoy presidente estuvo investigado -también por su modo de gestionar el Ayuntamiento de La Laguna- justo en vísperas de ser designado candidato de CC a la Presidencia del Gobierno. La causa acabó sobreseyéndose.
Sola también se ocupó, esta vez con menor éxito, de la defensa de la ex concejala de Bienestar Social de la misma ciudad y del mismo partido Blanca Pérez, condenada finalmente por conducir ebria y en dirección prohibida por las calles laguneras. Pérez es actualmente viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Pero donde este letrado adquirió fama regional fue en el caso de Las Teresitas, donde dirigió la defensa de uno de los principales encartados, Ignacio González Martín, finalmente condenado a cinco años de prisión.
En el caso Grúas, Esteban Sola aparece como abogado defensor del concejal Pérez-Godiño, uno de los presuntos partícipes en la trama que rescató el servicio de retirada de vehículos, su adjudicación a siete presuntos amigos de Fernando Clavijo (entonces alcalde), la concesión de un préstamo municipal de 120.000 euros y la ampliación de la concesión cinco años más por encima de lo estipulado en el pliego de condiciones. Muchas de esas decisiones se tomaron en contra de los informes del interventor municipal.
[En una primera edición de esta noticia se incluyó al abogado Ángel Isidro Guimerá como representante de Juan José Delgado Montero, cuando en realidad quien pretendía representarlo es el letrado Ángel Luis Guimerá. La similitud en ambos nombres indujo al error, por el que pedimos disculpas.]
