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La Comisión Europea estudiará la legalidad de la ley turística de las islas verdes

La eurodiputada de IU Paloma López cuestionó a la CE sobre la compatibilidad de los "instrumentos de planificación singular turística" con la ley europea y aludió a las denuncias de la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible

El viernes pasado se presentaron en Madrid 500 denuncias contra los cambios que plantea esta ley

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Comisión europea. Foto: Sébastien Bertrand / Flickr

Comisión europea. Foto: Sébastien Bertrand / Flickr

La Comisión Europea (CE) tiene la intención de ponerse “en contacto con las autoridades competentes" para determinar cómo se está aplicando la modificación de la Ley 6/2002 de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (Ley turística de las islas verdes), realizada por el Gobierno de Canarias.

Esta es la respuesta que ha dado la CE lo a la eurodiputada de IU Paloma López, quien ha cuestionado la legalidad de esta. Además, ha aludido a las denuncias de organizaciones como la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible, frente a los llamados nuevos "instrumentos de planificación singular turística" impulsados por el Gobierno canario.

En concreto, la iniciativa de IU preguntaba a la CE, si considera compatibles los "instrumentos de planificación singular turística" con la ley europea, especialmente en materia ambiental (Directiva 2001/42/CE y Directiva 2011/92/UE).

Asimismo, demandaba respuesta la eurodiputada sobre la posible incompatibilidad de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2015, “que declara nulo el Plan Territorial Especial por la ausencia de una evaluación ambiental estratégica”.

Según IU, La Comisión "ha debido de percibir indicios" para anunciar que estudiará si la modificación de turística de islas verdes se ajusta "a las obligaciones de la Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas”.

De hecho, para la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible, estos mecanismos -y así se hacía constar en la motivación de la pregunta registrada por López- son contrarios al derecho ambiental europeo, al autorizar proyectos de manera autónoma al planeamiento insular o municipal y en ausencia de una evaluación ambiental estratégica (artículos 2 y 8 de la disposición adicional primera).

500 denuncias contra la ley de islas verdes

Este colectivo además presentó el pasado viernes en Madrid las 500 denuncias que ya han presentado en Bruselas,  al considerar que dicha Ley vulnera el principio de "desarrollo sosttenible". 

En rueda de prensa, el redactor de la denuncia y profesor de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, explicó que esta norma de actividad turística para las Islas Verdes "tiene poco que ver" con la iniciativa que entró en el Parlamento, porque exceptúa más casos para poder construir en territorio rural y "vulnera el principio de desarrollo sostenible".

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