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El Consistorio de Arona usará dinero público en la defensa de los imputados

EL PSOE VOTÓ EN CONTRA Y PP Y CC A FAVOR EN EL PLENO

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El pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó este jueves, con los votos en contra de PSOE y a favor de PP y CC, el pago de 65.000 euros para la defensa de la anterior Junta de Gobierno Local que permanece imputada por un presunto delito de prevaricación por la concesión de licencias de obras con informes jurídicos negativos. Dicha defensa la forman los letrados Olga López Lago y José Ramón Pitti, según figura en el orden del día del pleno.

Las minutas responden a las diligencias previas de este procedimiento judicial que lleva el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Arona, Nelson Días Frías.

La anterior Junta la forman once miembros y está encabezada por el actual alcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria. El expediente sobre el pago a los abogados no se había llevado a la comisión informativa previa al pleno.

Por petición del secretario del Ayuntamiento, el alcalde de Arona y el anterior edil de Urbanismo, Manuel Barrios, se ausentaron de la votación por estar imputados.

El portavoz del PSOE, Francisco Santamaría, tampoco participó en la votación por denunciar a la Fiscalía de Urbanismo las presuntas irregularidades cometidas por el anterior gobierno local.

Según el secretario, existe la opción de abonar los costes de la defensa siempre que sean absueltos de este proceso judicial. De resultar culpables, lo imputados tendrían que reintegrar el dinero de las arcas municipales. Otra posibilidad es que los imputados paguen su minuta y si son absueltos pueden exigir que se les devuelva, según apuntó el secretario. En este procedimiento hay dos personas detenidas que están siendo interrogados por el juez.

Se trata de Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal de Arona y Arsenio Zamora, empresario dedicado a la gestión inmobiliaria. Se les imputa un delito de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación por el cobro de comisiones a cambio de conceder una licencia urbanística. La Guardia Civil ha registrado los domicilios de estas personas.

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