Control a los bancos por cláusulas abusivas
El Gobierno de Canarias visitará un centenar de oficinas bancarias en las islas dentro de una campaña de inspecciones contra las cláusulas abusivas, según ha informado hoy el director general de Comercio y Consumo de la comunidad autónoma, Gustavo Matos.
La campaña de inspección a los productos financieros de las quince entidades bancarias que operan en el archipiélago se inició el pasado lunes y finalizará el 31 del mes de julio.
Matos ha explicado que los productos financieros sobre los que se requerirá información son préstamos con garantía hipotecaria, préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, libretas de ahorro e imposiciones a plazo fijo.
El director general de Comercio y Consumo ha agregado que, dada la relevancia y repercusión social y familiar, prestarán “especial atención” a las contrataciones de préstamos con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual y que tendrán en cuenta “la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo”.
Los inspectores requerirán información sobre cláusulas generales de los contratos que en la actualidad se ofrecen a los clientes, de la publicidad y las ofertas que la entidad y los modelos de contratos que facilitan a los usuarios, entre otros.
Además, solicitará en cada entidad visitada una copia de un contrato suscrito en el segundo trimestre del año 2012.
Una vez obtenida la documentación, los técnicos de la Dirección General de Consumo analizarán su contenido para verificar que las cláusulas incorporadas a los contratos cumplen con las exigencias establecidas en la normativa vigente.
“Esta campaña pretende alcanzar la máxima transparencia en la información que las entidades bancarias transmiten a los usuarios y una efectiva protección cautelar de sus intereses económicos, tanto en las operaciones financieras de activo como en las de pasivo”, ha subrayado Matos.
El director general ha recordado que, de detectarse incumplimientos por parte de las entidades, estas podrían enfrentarse a sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros por contrato.
Para Matos, las últimas sentencias de los tribunales de justicia contra las cláusulas abusivas han abierto “el camino para que la Administración autonómica pueda actuar”.
