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''Decepción'' entre los vecinos de Anaga afectados por ruidos

SCTF / EL TSJC HA RECHAZADO SUS ARGUMENTOS

El proceso judicial se alargó "inexplicablemente" durante nueve años - Muchas familias "malvendieron" sus viviendas para traslarse a otra zona.

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El portavoz del colectivo Tenerife Contra el Ruido, Felipe Mesa, se ha confesado personalmente "muy decepcionado" con el fallo judicial que rechaza la petición de 68 familias de la avenida de Anaga y la calle La Marina para ser indemnizadas por las molestias que durante cinco años tuvieron que soportar a causa de los ruidos que originaba el negocio nocturno de este entorno.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), después de nueve años, ha emitido una sentencia por medio de la cual rechaza los argumentos de este vecinos que pedían ser compensados con 7 millones de euros por los gastos a los que habían tenido que hacer frente para insonorizar sus viviendas, la pérdida de valor de sus inmuebles, los problemas en su salud generados o los destrozos que tuvieron lugar en los edificios de lo que responsabilizaban a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz.

Mesa además critica que apenas se les ofrecieron cinco días para poder recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo (TS), "cuando estamos hablando de un proceso judicial que inexplicablemente se ha alargado durante nueve años en los que no sabíamos nada de aquella denuncia". Durante este tiempo han sido ya varios los miembros de la asociación que han optado por "malvender" sus viviendas y trasladarse a vivir a otro lado a lo que se ha unido la dificultad de reunir de nuevo a las 68 familias denunciantes para presentar el recurso ante el Supremo.

"Es obvio que el problema existió hasta el punto de que finalmente se tuvieron que insonorizar todos los locales de la avenida de Anaga, pero seguramente el juez a estas alturas habrá pensado que no pusimos a su disposición toda la documentación que era necesaria", indica Mesa.

En el fallo judicial, efectivamente, se indica que debían haberse realizado mediciones de contaminación acústica en el interior de las casas pese que tanto las pruebas realizadas por la policía local como por los denunciantes demostraron que durante aquel período cualquier fin de semana del año se registraron más de 86,5 decibelios, frente a los 55 que permite la ordenanza municipal. Para hacernos una idea, por ejemplo, durante los carnavales el nivel de ruido llega a los 120 decibelios. "Personalmente sólo puedo decir que me siento muy decepcionado porque después de todo el tiempo que ha pasado ahora nos sentimos doblemente indefensos tanto por el fallo como por las pocas posibilidades de presentar un recurso ante el Supremo. Pero bueno a estas alturas la justicia ha dicho lo que ha dicho", señaló Mesa.

Guerra empresarial

Entre los años 1998 y 2003 el colectivo Tenerife Contra el Ruido emprendió una auténtica guerra contra las molestias que ocasionaba el ocio nocturno en la avenida de Anaga. A partir de aquí el Ayuntamiento obligó a los empresarios a insonorizar sus negocios y puso en marcha la calle de La Noria como alternativa, lo que a su vez desató una guerra empresarial entre los dueños de los locales de ambos emplazamientos.

El colectivo llegó a hacer público un video en el que se veía como un fin de semana cualquiera se organizaba una batucada en plena madrugada ante la pasividad policial. "Todo el mundo sabía lo que había pasado hasta el punto de que tuvieron que finalmente tomar una solución como es público y notorio", dice el portavoz del colectivo ciudadano.

La abogada de este colectivo, Rosa Zárate, llamó ayer la atención sobre el hecho de que la votación de la denuncia estaba prevista para 2006 y sin embargo el fallo no se emitió hasta hace casi seis años después, lo que considera "inédito". Indica que han rechazado recurrir ante el Supremo dadas las dificultades para volver a reunir a los 68 denunciantes pese a considerar que existen bastante posibilidades de que el recurso prospere tanto en este ámbito como en el Constitucional al igual que ha ocurrido en otros casos del territorio nacional. Recuerda que durante aquellos años se publicaban periódicamente noticias sobre lo que estaba ocurriendo en la avenida de Anaga y señala que su intención no era otra que reclamar una indemnización por los daños que tuvieron que sufrir durante este tiempo.

"Estamos hablando de personas que no podían ni ponerse tapones en los oídos porque estaban cuidando a mayores o a niños. Aquello fue un infierno pero al menos al final conseguimos solucionar la situación", dice la abogada.

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