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Declaran por las filtraciones Francisco Valido y dos ex concejales de Telde

EL EX ALCALDE NIEGA QUE TUVIESE ACCESO A INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

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El ex alcalde del municipio Francisco Valido y los ex concejales María del Carmen Castellano y José Suárez prestaron declaración este viernes ante la titular del Juzgado de Intrucción y Primera Instancia número 6 de Telde, encargada de investigar la presunta filtración de información relacionada con el caso Faycán y por lo que ya han sido detenidos dos policías nacionales y una tercera persona.

Tras su declaración, Francisco Valido declinó hacer ningún tipo de comentarios sobre lo ocurrido en el despacho de la jueza. No obstante, el ex alcalde negó tajantemente haberse beneficiado de cualquier tipo de información privilegiada "por parte de nadie". Francisco Valido, actualmente en libertad bajo fianza, está imputado por un supuesto delito de cohecho tras ser detenido el 7 de noviembre de 2006 junto a otros cinco concejales del Partido Popular electos en 2003 en el municipio teldense. Unas detenciones que se enmarcan dentro de la Operación Faycán, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales.

Las palabras de Valido coinciden con lo que aseveran, por otra parte, fuentes cercanas a la investigación, quienes confirmaron a este periódico que el ex alcalde nunca fue el principal destinatario de las presuntas filtraciones de los dos agentes de Policía (M.A.M.R. y A E.M.R) y la otra persona detenida (F.J.S.V.). De hecho, y aunque Francisco Valido pudo tener acceso a dicha información de manera indirecta, nunca fue el principal benefiado de los datos secretos facilitados por los policías y que, luego, el tercer detenido hacía llegar a las partes "directamente interesadas" en las investigaciones abiertas.

Según pudo averiguar en su día CANARIAS AHORA, entre los documentos facilitados a los detenidos populares, los dos policías y el particular detenidos el pasado 28 de se encuentra hasta un informe pericial considerado como fundamental en la investigación.

El caso Faycán, por el que hay imputadas un total de 26 personas, estalló el 1 de marzo de 2006, cuando una empresaria del municipio presentó una denuncia después de que en la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento teldense se le exigiese una comisión del 20% del presupuesto de una obra a cuya adjudicación aspiraba.

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