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La Delegación del Gobierno reitera al PP que las actuaciones policiales se ajustan a la ley

LAS OPERACIONES 'FAYCÁN' Y 'GÓNDOLA' CUMPLEN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS

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La Delegación del Gobierno en Canarias reiteró este martes en un comunicado al Partido Popular en las Islas que las actuaciones policiales desarrolladas en el marco de los casos de presunta corrupción que se investigan en el Archipiélago se ajustan "a la legalidad vigente y los protocolos establecidos".

Así, la Delegación del Gobierno en Canarias replicó al comunicado aprobado el viernes por el PP en el Archipiélago, en el que se exigía al delegado del Gobierno en las Islas, José Segura, y al jefe superior de Policía, Narciso Ortega, que explicaran las "formas" que se han empleado en las detenciones practicadas en las operaciones Faycán y Góndola y que han afectado a miembros del partido y a varios empresarios.

Comunicado íntegro de la Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno en Canarias, a la vista del comunicado emitido el pasado fin de semana por el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Canarias, y de las declaraciones de su presidente, José Manuel Soria López, donde se cuestiona el papel del titular de la Delegación y de la Subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas en torno a detenciones practicadas por la policía en el marco de investigaciones sobre presuntas comisiones delictivas, se ve en la necesidad de puntualizar lo siguiente:

Las actuaciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se ejecutan con arreglo a los factores concurrentes en el cabal desempeño de su cometido, sin que el Delegado del Gobierno ni ningún otro responsable de la Administración General del Estado intervengan, interfieran, sugieran o cursen indicaciones sobre cómo han de desarrollarlo.

El Delegado del Gobierno es informado de los resultados de las actuaciones policiales una vez que éstas se consuman, después de las investigaciones que se lleven a cabo tras las denuncias o averiguaciones existentes para el esclarecimiento de presuntos hechos delictivos.

Resulta reprobable que quienes con sus declaraciones públicas contribuyen a crispar el marco de la convivencia política y a acentuar la alarma social, llegando a cuestionar el mismísimo funcionamiento del Estado de derecho, no muestren la cordura necesaria para delimitar los orígenes y el alcance de las actuaciones de los estamentos policiales debidamente coordinados con el poder judicial.

Se reitera que las actuaciones policiales se han ajustado plenamente a la legalidad y a los protocolos establecidos, respetándose los derechos de las personas implicadas, como se demuestra con la inexistencia de denuncias contra los funcionarios que las han llevado a cabo y como también se han encargado de explicitar en algún caso, públicamente, los representantes legales de los detenidos.

En este sentido, por último, se insiste en la confianza y el respaldo que merecen quienes, cumpliendo sus deberes profesionales como integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, han acreditado un ejemplar comportamiento como servidores públicos.

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