La Delegación del Gobierno acusa a Soria de descalificar para confundir
La Delegación del Gobierno en Canarias emitió este jueves un comunicado en el que “rechaza” las declaraciones del presidente del PP, José Manuel Soria, acerca de las detenciones y la actuación policial en la operación Góndola y afirma que la ausencia de denuncias avalan su legalidad. En el marco de esta operación, se efectuaron siete detenciones a mediados de enero, entre ellas la del alcalde de Mogán, Francisco González.
Las actuaciones policiales “se han ajustado plenamente a la legalidad y a los protocolos establecidos, como se comprueba en el hecho de que, hasta la fecha, no ha sido presentada denuncia alguna por parte de la representación legal de los implicados”, ni, en su caso, de oficio por parte de la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, subraya. Soria, en el “libre ejercicio de su libertad de expresión, ha protagonizado diferentes declaraciones públicas que siguen la línea trazada por su partido a escala nacional en la que no sólo se vierten descalificaciones, infundios y valoraciones carentes de rigor deformadoras de la verdad, sino que atentan al funcionamiento mismo del Estado de derecho”, agrega.
Además, las palabras de Soria involucran “indiscriminadamente a los responsables de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y, por extensión, a los de la Delegación del Gobierno”.
“Poner en duda socava, incluso, la propia decisión judicial”
A mediados de febrero, ante las palabras del político popular, la Delegación del Gobierno en Canarias precisó que las actuaciones policiales se ejecutan según el “cabal” desempeño de sus funciones sin que la Delegación del Gobierno y sus responsables “inspiren, intervengan, interfieran, sugieran o cursen indicaciones sobre cómo se han desarrollado”, agrega.
Además de insistir en ello, la Delegación “deplora y rechaza cuantas manifestaciones pretenden contribuir a crear un clima de confusión y de inseguridad, a la vez que desprestigiar el buen nombre y la profesionalidad de los funcionarios policiales”. Las detenciones practicadas están “sujetas permanentemente a la instrucción judicial puesta en marcha, con lo cual el simple hecho de poner en duda” su legalidad o procedencia “socava, incluso, la propia decisión judicial”.
La Delegación del Gobierno concluye que “instruidas las causas correspondientes, se debe respetar el trabajo de la Administración de la Justicia sin intentar provocar, con declaraciones altisonantes y fuera de lugar, una distorsión en el funcionamiento de los mecanismos del Estado de derecho”.
Respaldo de la Dirección General de la Policía
Igualmente, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil avaló este jueves la actuación de los policías canarios que han intervenido en la operación Góndola.
En un comunicado, la Dirección de la Policía y de la Guardia Civil afirma que “el trabajo de los policías que han participado en la investigación de los hechos, así como de los responsables de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se ha ajustado siempre plenamente a la legalidad y al Estado de Derecho, y ha estado en todo momento bajo la supervisión de la judicatura y de la fiscalía”. Además, añade, “las actuaciones policiales, incluidas las detenciones realizadas, han estado sujetas de manera permanente a la instrucción judicial”.
Por ello, y “ante expresiones que ponen en duda el propio funcionamiento del Estado de Derecho”, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil defiende “la labor que realizan los funcionarios policiales en Canarias en favor de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos y que, como en el caso de los ediles detenidos, es ejercida con total respeto al ordenamiento jurídico”.
