La Delegación del Gobierno confirma el permiso de las obras de la cárcel
La Delegación del Gobierno en Canarias confirmó este miércoles que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) cuenta con la autorización del Gobierno Autónomo para las obras de construcción de la segunda cárcel de Gran Canaria, cuyos terrenos le serán cedidos.
“La Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento adecuado para la enajenación de dicha parcela a la citada SIEP”, destaca en un comunicado la Delegación del Gobierno, que sale así al paso de quienes han insistido en el rechazo a la construcción de esa cárcel en Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana.
Un rechazo que hicieron patente ayer vecinos del lugar que obstaculizaron la reanudación de los trabajos y que contó en otro momento con el respaldo del Gobierno de Canarias, que promovió la paralización de las obras preparatorias de la construcción del nuevo centro penitenciario, pero que las ha autorizado, sin embargo, ahora.
A ese respecto, el texto señala que “el día 29 de mayo de 2008, La Consejería de Economía y Hacienda de Gobierno de Canarias acuerda, mediante la correspondiente Orden Departamental (comunicada a SIEP el pasado 2 de junio), autorizar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios el uso de la parcela de terreno ubicada en los Llanos de Juan Grande”.
Autorización que precisa se concede “para llevar a cabo las actuaciones preparatorias y estudio de idoneidad de la parcela para las instalaciones penitenciarias que prevé ubicar en el citado lugar”.
La Delegación del Gobierno recalca, por otra parte, que esa autorización se produce después de que, en diciembre de 2005, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aprobó la implantación de la referida nueva cárcel de Gran Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y, a tal fin, SIEP solicitó al Gobierno de Canarias el uso de los terrenos afectados por el proyecto.
Proyecto que destaca ha sido impulsado “con el objeto de poder disponer de unas instalaciones más modernas y solucionar los problemas de masificación que tiene el actual establecimiento penitenciario de Gran Canaria”.
Sobre la finca afectada por las obras, señala que fue adquirida por la Comunidad Autónoma en 1988 y que, “toda vez que la misma no resulta ya necesaria ni viable para el fin público para el fue adquirida, la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento adecuado para la enajenación de dicha parcela a la citada SIEP”.
