Las nuevas Directrices invaden competencias insulares y locales
El anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que modificará la vigente Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo invade competencias insulares y municipales.
Esta es una de las consideraciones generales que ha realizado sobre el texto de este anteproyecto el Cabildo de Gran Canaria en un extenso informe que su presidente, José Miguel Pérez, entregó este miércoles al titular del Ejecutivo regional, Paulino Rivero.
En el documento, la corporación grancanaria destaca la confusa redacción de la futura norma legal y afirma que, además, “contiene imprecisiones que no se compadecen con el actual régimen jurídico del suelo y el sistema de planeamiento de Canarias”.
El Cabildo de Gran Canaria también pide al Ejecutivo regional que aclare “la incidencia de la nueva ley en el actual régimen jurídico, especialmente en materia turística, porque existen medidas adoptadas en 2003 que no parecen ajustarse al espíritu y finalidad de la Ley de Medidas Urgentes”.
De igual forma, la institución que gobiernan el PSC y NC rechaza la “excesiva residencialización de decisiones de carácter municipal e insular en sede autonómica”, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, en “la localización de los nuevos crecimientos turísticos o de las áreas de rehabilitación o reforma urbana”.
En opinión del Cabildo de Gran Canaria, esto “no se compadece con el respeto debido a la autonomía y las competencias institucionales que corresponden a cada administración”.
Por ello, la institución grancanaria exige “mayor confianza en las administraciones públicas locales de Canarias, cuyas competencias, unidas a los medios adecuados para ejercitarlas y los mecanismos de ordenación territorial y urbanística ya previstos en el sistema de planeamiento permiten la toma acertada y rigurosa de las decisiones estratégicas que afectan a cada isla o municipio”.
Aunque la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación llamados a contener las determinaciones sobre la ordenación turística a nivel insular y municipal corresponde al Gobierno autonómico, tal y como se recuerda en el informe, el Cabildo de Gran Canaria “propone que se reconsideren las figuras reguladas en el texto de anteproyecto que afecten” a la autonomía de las corporaciones locales e insulares.
En esta línea, el Cabildo de Gran Canaria solicita al Gobierno regional “que evite residenciar en la administración autonómica decisiones que competen al nivel insular o municipal”.
