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Educación evitará el nuevo recorte de 180 millones

PROPUESTO POR EL GOBIERNO ESTATAL

José Miguel Pérez ha destacado que el Ejecutivo canario mantiene su decisión de no aplicar "la hoja de ruta" de Rajoy.

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La Consejería de Educación de Canarias evitará aplicar este año el nuevo recorte de 180 millones de euros que el Gobierno central pretende que acometa, en virtud de lo aprobado en el pasado "viernes negro" y que ha remitido ya a Bruselas.

Así lo ha asegurado este viernes en una rueda de prensa recogida por la agencia Efe, el titular de este departamento y vicepresidente del Ejecutivo regional, José Miguel Pérez (PSOE), quien ha destacado que la revisión del marco financiero aprobada por el Consejo de Ministros para el período 2013-2016 conllevarían este año para la educación pública canaria la necesidad de prescindir de 1.637 nóminas de docentes interinos no universitarios.

Pérez ha aludido "a quienes responsabilizan solo al Gobierno canario del impacto de los ajustes" y ha destacado que, frente a las previsiones del Ejecutivo español, Canarias cuenta este año con 21 interinos más que en el pasado curso académico, debido a que esta comunidad autónoma ha optado por "amortiguar estas políticas de machaque a los servicios públicos" que impulsa el PP.

El consejero de Educación ha destacado que en un horizonte de tal incertidumbre como el que ha fijado el Gobierno, que ha asegurado a Bruselas que volverá a acometer ajustes si en septiembre detecta que no se cumplen los objetivos de déficit, Canarias mantiene su decisión de no aplicar "esa hoja de ruta".

Así, Pérez ha manifestado que "mientras que Canarias pueda, estas políticas no se predicarán con la misma extensión que pretende el Gobierno" de Mariano Rajoy, si bien ha recordado que hay normativa básica que es de obligado cumplimiento.

"Habría que ser muy visionario para poder conocer el horizonte en el que nos movemos", ya que lo marcará el Gobierno en septiembre, ha dicho Pérez, quien ha considerado que con la renovación de los reales decretos de contención de gasto educativo y sanitario aprobados en abril de 2012 y su extensión hasta 2016, el Ejecutivo español "busca salir de los apuros masacrando los servicios esenciales que gestionan las comunidades autónomas".

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