Emalsa llevará a los tribunales el contrato de alquiler de su sede
El consejo de administración de Emalsa ha acordado este lunes, a propuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, denunciar ante los tribunales el contrato de alquiler de la sede social de la entidad, propiedad de la empresa Satocan, por considerarlo abusivo.
Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, en su calidad de presidente de la empresa mixta de aguas, al término de una reunión en la que el Consistorio ha pedido explicaciones a sus socios privados (Sacyr y Valoriza) sobre los indicios de delito societario que la Fiscalía aprecia en la gestión de la empresa.
Según recoge la agencia Efe, los representantes de los socios privados defendieron la gestión realizada y alegaron que aclararan todas las dudas que se han abierto al respeto en el momento procesal oportuno.
Los representantes del Consistorio instaron al consejo a crear un comité de seguimiento del proceso penal que se abre a raíz de la denuncia de la Fiscalía de Las Palmas, que acusa a los responsables de contratación de Emalsa de haber causado un perjuicio al erario municipal a precios que beneficiaban solo a los socios privados.
Su propuesta sugería que ese comité se encargue de tomar las decisiones que correspondan en el proceso judicial, entre ellas, la de decidir la personación de la propia Emalsa como parte interesada.
La propuesta decayó por la postura de los consejeros que representan a los socios privados, que abogaron por dejar esa decisión sobre la mesa, para una nueva reunión del consejo.
El órgano rector de la sociedad de abastecimiento de aguas de Las Palmas de Gran Canaria también estudió dos propuestas de Satocan respecto a las condiciones en las que Emalsa ocupa su sede social.
Satocan ofreció así a Emalsa una rebaja del 20% en el alquiler o la venta del inmueble a la sociedad mixta de aguas por 11 millones de euros.
Las dos ofertas fueron rechazadas por el consejo de administración, que, en cambio, dio el visto bueno a la propuesta del Consistorio de denunciar el contrato de alquiler.
En este caso, la postura del Ayuntamiento prosperó al abstenerse los representantes de Valoriza en el consejo, por la relación que existe entre la empresa y Satocán (el presidente de Satocán es miembro del consejo de Emalsa en representación de Valoriza).
A su vez, los socios privados impusieron su criterio para pedir al Ayuntamiento una revisión al alza de los ingresos que Emalsa obtiene de dos de sus principales contratos con la ciudad: el de saneamiento, por el que ahora recibe 4,8 millones de euros al año, y el de depuración, que le reporta en la actualidad 5,2 millones
Alquiler de la sede
Con una vigencia de 35 años, el contrato se firmó en 2008 por un precio inicial de 90.000 euros y contiene una cláusula por la que Emalsa deberá pagar una cantidad equivalente a 20 años de renta, unos 18 millones de euros, si quiere cancelar este vínculo.
La empresa municipal no usó el edificio durante los dos primeros años y el grupo de gobierno entonces liderado por Jerónimo Saavedra negoció con la empresa tres meses después de la firma para reducir el coste del arrendamiento hasta los 75.000 euros anuales.
Actualmente, la subida del Índice de Precios al Consumo lo ha elevado hasta los 79.000 euros.
La denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos y la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria aplazaron el Consejo de Administración de la entidad donde debía debatirse este asunto, que estaba previsto para finales de octubre y que finalmente se ha celebrado este lunes.
