Examen al PP sobre el 'mamotreto' de Santa Brígida
El limbo jurídico en el que languidece hace una década el mamotreto de Santa Brígida, la obra paralizada por decisión unilateral de la UTE contratista que debía levantar un centro comercial en pleno centro de la villa de las medianías de Gran Canaria, despierta de su letargo no solo por las últimas sentencias que avalarían la caducidad de su licencia urbanística, sino por la acción de los grupos de la oposición al gobierno del PP presidido por el alcalde Lucas Bravo de Laguna.
La concejal Guadalupe del Río, de Cambio por Sataute (CxS), ha presentado sendos escritos al alcalde, la secretaria municipal y el técnico responsable de contratación del ayuntamiento grancanario para que aclaren, mediante el informe jurídico correspondiente, todos los extremos de la situación urbanística del centro comercial y, sobre todo, los efectos legales que acarrearían al Consistorio las consecuencias de tres sentencias judiciales diferentes contra la validez del mamotreto o cuestionando al menos la misma.
En el escrito dirigido al alcalde en el que se solicita “informe detallado a la máxima responsable jurídica y Secretaria General de este Ayuntamiento y al Técnico de Administración General del Departamento de Contratación”, se cuestiona “el incumplimiento por parte de la UTE Santa Brígida del contrato de de concesión administrativa de obra pública”, que en 2002 el gobierno de entonces, también del PP, otorgó para edificar un centro comercial con determinadas características, entre ellas, salas de multicines que después se incumplieron.
Los técnicos que deberán informar al respecto tendrán que dar respuesta a cuestiones tan delicadas como los efectos legales de la última sentencia conocida sobre el mamotreto, de 10 de septiembre pasado, cuando adquiera firmeza y dé por caducada la licencia urbanística 28 / 2003 que regula la obra inconclusa, pero también se pide conocer, de parte de la administración pública, si legalmente ahora es posible que la UTE finalice la obra, al darse por caducada en esa sentencia su licencia, o si el ayuntamiento puede dar una prórroga.
El galimatías urbanístico en que se encuentra Santa Brígida hace décadas, pero sobre todo en el caso del centro comercial paralizado hace años por iniciativa de la UTE al no salir adelante una modificación del proyecto para legalizar cambios de uso y ocupaciones de mayores espacios, ha de ser resuelto también en relación a la sentencia que en 2007 anuló las modificaciones urbanísticas generales para legalizar esos cambios en la obra original, “y más concretamente”, reza el escrito, “si es legalmente posible que se apuebe a la UTE Santa Brígida un nuevo proyecto para finalizar las obras”, y si estas tienen cobertura legal.
También se solicita que los responsables en esta materia del Ayuntamiento de Santa Brígida informen sobre una tercera sentencia de la que se ha hecho caso omiso desde 2010, cuando un juzgado de lo contencioso obligó al Consistorio ya presidido por Lucas Bravo a admitir a trámite y resolver una solicitud de revisión de oficio de la propia licencia urbanística 28 / 2003.
El informe jurídico oficial que solicita Cambio por Sataute entra también en detalles delicados como la posible desviación de poder en la que incurría el Ayuntamiento, y sobre la que deben posicionarse sus técnicos responsables, por el presunto “ánimo de alterar el marco urbanístico” sin justificación “sobrevenida” alguna, “sino al presunto empecinamiento de conferir cobertura legal a la voluntad de la UTE Santa Brígida de aumentar sus beneficios”, con los cambios de obra al proyecto original de las salas de multicines a una hipermercado, entre otros.
La paralización de las obras, algunas veces por causas ajenas a la contratista, pero la mayor parte por su decisión unilateral al no prosperar su modificado de proyecto, ha llevado también a Cambio por Sataute a cuestionar a los técnicos sobre su opinión fundada a la hora de determinar el presunto incumplimiento de contrato. En concreto, CxS pide que se informe que si este exceso de tiempo sin terminar la obra -debía haber sido recepcionada en 2005- “es causa de resolución del contrato” o puede exigir finalizar las mismas.
El grupo opositor quiere saber también la postura oficial del Ayuntamiento ante los hechos que son incuestionables: la obra está paralizada y por más de 86 meses achacables a la UTE, y podría el caso suponer un “incumplimiento culposo” por parte de la UTE, más allá de su intento en 2004 de cambiar los multicines por un hipermercado porque “las expectativas de mercado” daban por inviable los multicines, algo que ya previeron otras empresas que declinaron optar a la obra.
El detalle del informe jurídico exhaustivo solicitado por el grupo político de Guadalupe del Río alcanza a saber la posición oficial del Ayuntamiento de Santa Brígida sobre las penalizaciones de tipo económico que habría de reclamar la administración a la constructora por incumplir esas condiciones del contrato, hasta el punto incluso de permitir la ocupación de vial público, por una invasión de cuatro metros sobre la alineación de una de las calles del caso urbano.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Santa Brígida no se ha pronunciado sobre las sentencias en contra de la legalidad del centro comercial que invade el corazón de la Villa de la antigua Vega de Abajo, y sí que ha anunciado un recurso contra la última de ellas que apunta la caducidad de la licencia urbanística, y por tanto todos los derechos que tendría la UTE liderada por FCC.
