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La Fecao pide a San Bartolomé de Tirajana que cese el precinto de locales

GRAN CANARIA | Y QUE PROTEJA A LOS EMPRESARIOS

La Federación Empresarial Canaria de Hostelería, Ocio, Servicios y Comercio cree que los locales de ocio se ven "perjudicados" por otros que generan ruido.

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La Federación Empresarial Canaria de Hostelería, Ocio, Servicios y Comercio (Fecao) ha manifestado su sorpresa ante las declaraciones del vicepresidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo (Feht), Tom Smulder, con respecto a la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de precintar varios locales de ocio del municipio grancanario y pide que cese la acción y que se proteja al empresario.

En un comunicado, la Fecao ha concretado que Smulder, "que aboga por la eliminación de los locales de ocio por problemas de ruido entre otros", forma parte de una organización que a su vez congrega a hoteles, apartamentos y bares de ocio, discotecas y restauración, por lo que han afirmado que el empresario "falta a la verdad" e incumple los Estatutos de su federación, "dado que esta organización recoge en sus fines la defensa y protección de los empresarios".

La federación ha considerado que los locales de ocio "se están viendo perjudicados" por otros que generan ruido "hasta altas horas de la noche y durante todos los días de la semana", empresas que forman parte de lo que la Fecao ha establecido como "la industria del ocio" y que se diferencia de los establecimientos de su federación "los cuales llevan consolidados más de 30 años".

Es por ello que la Fecao se encuentra estudiando la posibilidad de denunciar al empresario, así como a los residentes empadronados en los complejos turísticos aledaños, señalando que éstos no pueden reclamar los mismos derechos que un residente de municipio no turístico.

Finalmente, ha instado al Gobierno de Canarias a aplicar la Ley 7/ 2011 por la que se rigen los espectáculos públicos y las actividades recreativas y donde según la Fecao se recoge la protección de los locales de ocio y se establece la comunicación previa a los lugares que supuestamente incumplen la ley que permita a éstos conocer el grado de adecuación de su proyecto a la legalidad urbanística antes de llegar a la situación actual.

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