La Fiscalía archiva el caso de las licencias ilegales en Yaiza
La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado el archivo de las actuaciones que se siguen en el Juzgado número 2 de Arrecife, que investiga el caso de las licencias ilegales en Yaiza, para once empresarios por el delito de cohecho. Considera la Fiscalía que hay un cúmulo de indicios pero que no son suficientes para sostener una acusación y que no hay datos que permitan afirmar cuánto dinero o dádiva se entregó, cómo, por qué razón. El delito podría incluso haber prescrito.
No obstante, en el informe del fiscal, se dice de varios de estos empresarios que fueron “notablemente beneficiados” por la conducta presuntamente prevaricadora del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al obtener licencias urbanísticas o al poder disfrutar de la inactividad del Ayuntamiento en cuanto a la paralización de las obras del puerto Marina Rubicón o su posterior concesión de licencia municipal.
Incluso en dos casos en los que se conceden dádivas al ex alcalde, como son los referidos a Rafael Mesa y José Carmelo González Clavijjo, que también obtuvieron licencias urbanísticas (el primerio le cedió una vivienda sin cobrarle renta a la hija de Reyes y el segundo hizo unas obras en casa de Reyes por importe de 60.000 euros, que no cobró), se asegura que no se pueden afirmar con rotundidad las razones por las que se concede esa dádiva.
Sobre Juan Francisco Rosa, señala la Fiscalía que es uno de los principales beneficiarios de Reyes en cuatro asuntos importantes: el plan parcial Playa Blanca, el puerto Marina Rubicón y los hoteles Son Bou, Princesa Yaiza, y destaca sobre la licencia solicitada por al mercantil Kapell que del “extravagante cambio de criterio de Reyes, nadie ha sabido dar explicación de ello”, ya que negó la licencia a esta mercantil y la concedió tras adquirir la sociedad el empresario lanzaroteño.
La causa continúa contra Reyes, su mujer y tres de sus hijos, así como para cuatro técnicos municipales y el abogado Felipe Fernández Camero y, para cuatro empresarios que podrían haber sido cooperadores necesarios para blanquear el dinero de Reyes, al que se le acusa de haberse enriquecido entre 1996 y 2009 al menos en 1,2 millones de euros en efectivo.
Dice la Fiscalía que hay indicios de prevaricación sobre Reyes y los cuatro funcionarios municipales por la concesión de licencias y que “hay suficientes motivos para considerar que Reyes se sirvió de su cargo público para obtener dádivas en dinero y en especie directamente relacionadas con el otorgamiento de licencias urbanísticas contrarias a derecho”.
