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La Fiscalía se opone a que se suspendan las gestoras del PSOE

NO CREE QUE SE HAYAN VULNERADO DERECHOS FUNDAMENTALES

El abogado enviado por Ferraz insiste en la conflictividad "histórica" del PSC en Tenerife, "que había que solucionar".

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La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha opuesto a la suspensión, como medida cautelar, de las gestoras creadas en octubre pasado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en sustitución de las agrupaciones insular de Tenerife y de la local de Santa Cruz de Tenerife, ya que no cree que se den los requisitos para ello.

La petición de suspender cautelarmente las gestoras, presentada por José Manuel Corrales, ex secretario general de la agrupación local en la capital tinerfeña, e Ignacio Viciana, ex responsable de la agrupación en la isla, es un paso previo a la demanda que han anunciado en contra de la decisión de Dirección Federal del partido tuvo su audiencia previa este miércoles por la jueza de Primera Instancia 6 de Santa Cruz de Tenerife, María del Carmen Serrano.

Javier Ledesma, abogado enviado desde Ferraz para esta causa, argumentó los motivos por los que no debían aceptarse las cautelares: no hay vulneración de la tutela judicial efectiva, ya que un partido político no es un órgano judicial, y los militantes, como tales ciudadanos, pueden ejercer sus derechos políticos; la creación de las gestoras fue decisión de un órgano competente, como es la Comisión Federal, y tampoco cree que no haya motivación en la disolución de las agrupaciones "porque esa motivación está inserta en los documentos de la propia Secretaría de Organización del PSOE".

Sentencia anticipada

El abogado también recalcó a la jueza que, en caso de adoptarse las medidas cautelares, "se estaría aceptando la pretensión de la demanda", todavía pendiente de presentar por los afectados "disidentes" del PSOE en Tenerife.

Sin embargo, Ledesma puso el dedo en la llaga al afirmar que Corrales y Viciana no hacen referencia alguna en su demanda a lo que ha provocado esta situación. "Se omite la conflictividad que había en el Partido Socialista de Canarias en Tenerife y que se explica en ese documento de la Secretaría de Organización. El partido en Tenerife estaba dividido. Además, es la única capital de provincia, desde luego en Canarias, en la que el PSOE no ha gobernado desde la democracia. La conflictividad en la organización es histórica y hay roces constantes en el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife"

Añadió que la disolución de ambas agrupaciones "no es una sanción, ni ha supuesto ningún cierre. Se han creado gestoras para solucionar los conflictos que se habían producido".

En cuanto a los expedientes sancionadores abiertos a Corrales y Viciana (la gestora que encabeza Aurelio Abreu ha pedido a la Comisión Federal que les expulse del partido), Ledesma afirmó que "son posteriores al motivo de la demanda".

Tras invocar diferentes sentencias de tribunales de toda España acerca de situaciones similares, Ledesma también negó la apariencia de buen derecho, unos de los pilares para la adopción de cautelares, ya que desde Ferraz no se considera que se haya vulnerado ningún derecho fundamental de los militantes ni de los demandantes, y agregó con que le parece "una desmesura" sostener que si la decisión de crear las gestoras la hubiera adoptado el presidente del Gobierno de motu proprio se estaría ante un caso de prevaricación.

Para remate, indicó que no está acreditada la condición de militantes en el PSOE de Corrales ni de Viciana.

Conflictos no especificados

Por su parte, Raúl Alonso, abogado de Corrales y Viciana, intentó impugnar la documentación aportada por Ledesma durante la audiencia previa de este miércoles. Su principal alegato, en la que basa la petición de la adopción de las medidas cautelares, es que la motivación para suspender las agrupaciones y crear las gestoras les ha sido vedada en todo el proceso, por lo que presentarla ahora era "extemporáneo". Sin embargo, la jueza le rechazó esa petición.

"No hemos tenido ningún acceso a esos informes en el procedimiento de creación de las gestoras. No hubo audiencia a los demandantes en el procedimiento sancionador y sí han sido sancionados y limitados sus derechos porque se les ha suspendido de militancia, de tal forma que los militantes de la agrupación local dejan de ejercer sus derechos en esa agrupación".

Alonso incidió en que, al hablar de conflictos y enfrentamientos, "se habla de hechos genéricos, sin determinar quién, cuándo ni dónde". Asimismo negó que los afectados hayan podido expresar una queja de amparo ante la Comisión de Ética y Garantías, "porque se nos prohíbe expresamente".

"Si había conflictos graves, es una irresponsabilidad no haber tomado medidas en su momento. No se ha tomado ninguna decisión previa para evitar llegar a esta situación", dijo.

En cuanto al periculum in mora (daño que se puede causar si no se adoptan las medidas de forma urgente), el letrado aseguró que sí se da el caso, aunque ellos no hayan elegido el momento, al imponer a los militantes "candidatos que no han sido elegidos".

Habrá recurso y demanda

La fiscal hizo suyos la mayoría de los alegatos del representante de la Dirección Federal del PSOE. Como Ledesma, negó la urgencia del caso, negó la vulneración de derechos fundamentales y respaldó que la decisión adoptada por el partido se hizo desde un órgano competente.

Sea cual sea el fallo judicial, que debería darse a conocer en cinco días, Raúl Alonso explicó a la prensa que la demanda contra la creación de las gestoras se interpondrá de cualquier manera, así se adopten las medidas cautelares como si son denegadas, y en caso de que las cautelares sean denegadas, la decisión judicial será recurrida ante la Audiencia Provincial.

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