La Fiscalía recurre de nuevo el tercer grado penitenciario otorgado a Dimas Martín
La Fiscalía ha decidido recurrir de nuevo el tercer grado penitenciario otorgado al líder del PIL, Dimas Martín, que cumple condena de ocho años en la actualidad por malversación de fondos públicos y dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise. Es la segunda vez que el Ministerio Fiscal recurre este beneficio penitenciario al político lanzaroteño.
Martín disfruta del tercer grado desde el 16 de diciembre pasado. Ese mismo mes, la Fiscalía decidió recurrir de nuevo el tercer grado otorgado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El fiscal considera que no se dan las condiciones necesarias para obtener el beneficio porque no ha cumplido aún la mitad de la pena impuesta.
El político lanzaroteño ingresó en prisión en diciembre de 2006 para cumplir ocho años y un año después se le concedió el tercer grado, que le permitía ir a la cárcel a dormir solamente. También se le concedió una redención extraordinaria de la pena de diez meses, que también fue recurrida.
La Fiscalía recurrió la decisión de Instituciones Penitenciarias ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Canarias, que el 9 de abril de 2008 dictó un auto judicial manteniendo el tercer grado Martín. El Ministerio Fiscal no aceptó el auto judicial y recurrió a la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que sí estimó la apelación de la Fiscalía el 20 de mayo, anulando el tercer grado.
La resolución de la Audiencia Provincial se hizo efectiva a comienzos de agosto, cuando se le notificó la pérdida del tercer grado al líder histórico del PIL, que recuperó otra vez en diciembre.
La del Complejo Agroindustrial es la cuarta condena de Martín, que ya estuvo antes en prisión provisional aunque no fue condenado por una presunta estafa inmobiliaria por el caso de Los Cocoteros de finales de los años setenta.
Las condenas se han producido por el caso de Roger Deign, en 1993, por cohecho; por desobediencia por el bañadero de Guatiza, y por soborno en la compra del voto de un concejal del PP de Arrecife en 1995. La del Complejo es la condena de mayor duración a la que se ha tenido que enfrentar.
