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El Gobierno de Canarias invierte 17,7 millones de euros en un paquete de medidas que generará 3.000 empleos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Canarias ha aprobado la concesión de un crédito extraordinario por valor de 17,7 millones de euros al Servicio Canario de Empleo (SCE) para poner en marcha un paquete de medidas anticrisis que generará 3.000 contratos de trabajo. El objetivo de las distintas actuaciones que financiará el SCE es compensar la crítica situación de destrucción de empleo que se está produciendo en Canarias, según informó hoy la Administración autonómica en un comunicado.

Estas medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo se llevarán a cabo a través de convenios entre el SCE y los cabildos insulares, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los entes instrumentales de las consejerías de Medio Ambiente y Turismo.

Las personas desempleadas que serán contratadas a través de este tipo de convenios realizarán obras y servicios de interés social y general. El contrato de trabajo tendrá una duración de 6 meses y la jornada laboral diaria de los participantes será a tiempo completo o parcial (75%) de la jornada ordinaria establecida en los respectivos convenios colectivos.

Asimismo, para cubrir los puestos de trabajo, el SCE realizará búsquedas automatizadas de candidatos llevadas a cabo por el sistema informático de intermediación del organismo autónomo. El sondeo de las ofertas está configurado para priorizar, en un 60 por ciento a partir del primer candidato, a demandantes de empleo que pertenezcan a los colectivos de personas discapacitadas, mujeres y personas desempleadas de larga duración, entendiéndose por tales a los mayores de 25 años que lleven inscritos como demandantes de empleo doce meses o más y a menores de 25 años inscritos como demandantes al menos 6 meses.

Los proyectos serán aprobados por el SCE y deberán adaptarse a los Planes Territoriales de Empleo (Platecan) de cada Isla. Estos documentos, consensuados entre el Gobierno, las instituciones públicas de las Islas y los agentes sociales y económicos, recogen las necesidades y especificadades de cada territorio en materia de formación y empleo.

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