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El Gobierno canario envía al Consultivo el decreto que regulará el funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular

Este órgano tendrá funciones como la de aprobar acuerdos que fijen las competencias que se transfieren a los cabildos, las que siguen correspondiendo a la administración autonómica y las que deban compartir

El Ejecutivo sostiene que la constitución y funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular "no supondrá incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos"

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 El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Calvijo (i), durante la reunión del Consejo Canario de la Cultura celebrado hoy en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Elvira Urquijo A.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Calvijo (i), durante la reunión del Consejo Canario de la Cultura celebrado hoy en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Elvira Urquijo A.

El Gobierno de Canarias ha acordado este martes remitir a su Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regulara el funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular, el órgano que canalizará la cooperación de la comunidad autónoma con los siete cabildos.

Según el proyecto de decreto, el Consejo de Colaboración Insular estará integrado por siete representantes de la Administración Pública de la comunidad autónoma y otros tantos por parte de los cabildos, uno por cada corporación insular.

El Consejo de Colaboración Insular asumirá las funciones que le atribuye la Ley de Cabildos, entre las que destacan aprobar los acuerdos que fijen las competencias que se transfieren a los cabildos, las que siguen correspondiendo a la administración autonómica y las que deban compartir.

También emitirá informe sobre los planes sectoriales de coordinación o propondrá cómo participan los cabildos en los procedimientos del Gobierno de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.

El Gobierno canario sostiene que la constitución y funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular "no supondrá incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos", ya que deberá ser atendido con "los medios personales, técnicos y disponibilidades presupuestarias ordinarias asignadas al órgano superior competente en materia de régimen local, no dando lugar a planteamiento de necesidades adicionales de financiación".

El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo (CC) también ha acordado hoy remitir al Consejo Consultivo el decreto que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Canarias, para que emita su dictamen.

Según destaca el Gobierno en un comunicado, el currículo de ambas etapas educativas contribuirá a que los alumnos "conozcan, aprecien y respeten los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes del archipiélago, así como los de su entorno".

Por otra parte, el Ejecutivo ha nombrado, a propuesta de la vicepresidenta, Patricia Hernández (PSOE), a Gilberto Leandro Hernández como nuevo secretario general técnico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Gilberto Leandro Hernández, es licenciado en Derecho y técnico de la Administración General y está colegiado como abogado en Tenerife.

Hasta la fecha, desempeñaba la función de gerente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, a propuesta de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), el Gobierno ha designado a Carlos Gustavo Díaz Perera nuevo director general de Planificación y Presupuesto.

Díaz Perera, que sustituye a Joaquín Morales, nació en Santa Cruz de Tenerife y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Laguna.

Hasta este momento, trabajaba como jefe de servicio de Personal y Control Presupuestario en la dirección del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Tenerife).

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado una modificación del Reglamento de la Ley de Transportes (72/2012) con el objetivo de regular el desplazamiento temporal entre islas de los vehículos de la clase VTC (limusinas), para que estos vehículos puedan prestar servicios en isla distinta a aquella en la que tengan residenciada su autorización.

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