El Gobierno ''oculta datos a los canarios'' de su estrategia judicial en Tebeto
El portavoz del PSC en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, ha asegurado que el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad de Canarias, José Miguel Ruano, “oculta datos a los canarios” al defender la estrategia judicial del Ejecutivo en el caso Tebeto.
Ruano ya mostró el viernes cierta desazón ante la posibilidad de que el Supremo abriese una nueva vista dado el recurso presentado por la Comunidad Autónoma, añadiendo, incluso, que “desde el punto de vista procesal no es frecuente, pero es posible que haya vista, no puedo decir nada más”.
Según Pérez, “lo que no dijo Ruano”, es que el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo por parte de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, por infracción de ley, “no es válido porque la Comunidad Autónoma no recurrió el auto emitido el 11 de junio de 2008”.
Ese auto “debió de ser recurrido” para poder alegar infracción de Ley. Ahora, según el portavoz socialista, “la Comunidad Autónoma no puede argumentar haber estado desamparada por la Ley”. En sus palabras, “es una grave negligencia por parte del Gobierno de Canarias”.
La Comunidad Autónoma tuvo varias ocasiones para solicitar una nueva tasación y presentarla en el periodo en el que se abrió la fase probatoria. Por un lado, cuando el empresario Bittini presentó la solicitud administrativa para que le indemnizara el Gobierno de Canarias junto con la tasación que había elaborado el tío de José Manuel Soria. Según Pérez, en ese momento el Gobierno de Canarias no contraprestó con otra tasación, dado que “pensaban que no iba a pasar nada”.
Al ser rechazada esta solicitud, Bittini la recurrió ante el TSJC iniciando el proceso judicial contencioso administrativo. Llegados a este punto, ambas partes solicitaron la apertura de una nueva fase probatoria que el juez deniega al considerar en su auto que “lo debería haber hecho en los escritos de demanda y contestación” y además el juez insiste que “para la adecuada resolución del recurso bastaría el material obrante en el expediente administrativo”, momento (del 2006) en el que el Gobierno de Canarias obvió el asunto.
De cualquier forma, en esa nueva apertura de la fase probatoria que solicitaban ambos actores, el Gobierno de Canarias no había incluido una contravaloración económica.
