Un ex alto cargo del Gobierno y 12 concejales de El Rosario, citados a declarar por el 'caso Varadero'
La fiscal para los Delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, ha pedido que durante el juicio que se celebrará por el denominado caso Varadero sean llamados a declarar los acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística, el alcalde, Macario Benítez, la concejal de Urbanismo, Ana Guadalupe Mora Padilla y la ex secretaria del Ayuntamiento, María Alonso Martínez.
Para cada uno de ellos la fiscal pide una pena de 8 años de inhabilitación para ejercer cargo público y la asunción de responsabilidad civil. Pero además participarán como testigos los doce concejales del grupo de gobierno que en su momento apoyaron la aprobación del Plan Parcial y que hasta ahora permanecían como imputados. Finalmente la Fiscalía ha decidido retirarle cualquier responsabilidad en los hechos al considerar que únicamente mostraron su voto favorable al planeamiento por las indicaciones que se les ofrecieron por parte del alcalde y la concejal de Urbanismo que ahora también ostenta el cargo de consejera insular en el Cabildo tinerfeño.
Igualmente, serán llamados a declarar en calidad de testigos el ex director general de Ordenación del Territorio y actual gerente de la empresa pública Gesplan, Rafael Castellano Brito, y los funcionarios del Gobierno de Canarias, Marta María Pérez Sánchez y Andrés Manuel de Souza Iglesias. Estos últimos fueron los que en su momento mostraron sus reticencias a la aprobación del Plan Parcial en cuanto iba en contra de las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que contemplaba estos más de trescientos mil metros cuadrados como suelo de protección por encontrarse en laderas y barrancos y además ser de aplicación las retricciones de la moratoria turística. Sin embargo, Violán solicita que se sienten en el banquillo de los acusados el alcalde, la concejal y la ex secretaria municipal por haber insistido en llevar a cabo la construcción de más de mil viviendas, hoteles, apartamentos y bungalows con capacidad para casi tres mil personas, pese a los impedimentos que se le imponían desde el Gobierno canario y el Cabildo.
El Plan Parcial se comenzó a tramitar en el año 2001 antes de la aprobación del PIOT y justo cuando se comenzó a aplicar la moratoria turística. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se hizo oídos sordos a lo recogido en ambos documentos y se intentó de una forma que la fiscal tacha de “arbitraria” seguir adelante con el planeamiento. La corporación local presentó un recurso contra el PIOT que fue rechazado por los tribunales, que a su vez le dieron la razón a la oposición cuando solicitó que se anulara el pleno en el que se aprobaba el Plan Parcial acogiéndose al silencio administrativo positivo.
Por su parte, los acusados han emitido un comunicado de prensa a través del cual aseguran que no comparten los planteamientos jurídicos de la Fiscalía y las peticiones de penas de inhabilitación. Desde el Ayuntamiento de El Rosario se señala que, respetando para los cargos públicos y la funcionaria de carrera la presunción de inocencia, “todos señalan que actuaron siguiendo lo que marca la legislación vigente, siendo los informes conformes, actuando siempre bajo el imperio de la ley, desde el inicio hasta el final del citado expediente urbanístico”.
Asimismo, indican que queda por celebrar el juicio oral, donde presentaran las argumentaciones y pruebas que preparan sus abogados y que quedará demostrado que todas “las actuaciones se han realizado confome a derecho y que nada de lo planteado se ha hecho con ánimo de quebrantar la ley vigente”.
