El Gobierno eliminará ''al menos'' tres empresas públicas
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha asegurado que antes de que termine la legislatura extinguirá un 15% del volumen de empresas públicas. Rodríguez no especificó qué empresas se verán afectadas, tampoco dio un número exacto pero habló de “al menos tres” y cifró el ahorro en un 20%, unos 40 millones de euros.
En este sentido, el Consejero de Economía y Hacienda explicó que esta reducción no tendrá costes de empleo, “no afectará a las plantillas”. El proceso de negociación para la extinción y absorción “llevará un tiempo, sobre todo porque hay empresas que tienen accionistas externos al Gobierno”.
Las empresas que en sus convenios colectivos hayan contemplado compensaciones salariales al aplicar la reducción del 5% del gasto de personal público deberán volver a negociar dichos convenios “sin concesiones y sin compensaciones”.
La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y la de Economía y Hacienda elaborarán instrucciones con criterios a los que deben adaptarse todos los convenios colectivos o acuerdos de las empresas públicas y fundaciones, al menos en lo que respecta a retribución por antigüedad, edad de jubilación, jornada laboral, vacaciones y permisos.
Estas medidas han sido aprobadas por el el Consejo de Gobierno en su sesión de este jueves, un conjunto de aplicaciones que deben adoptar las empresas públicas y fundaciones en 2011 con el fin de que éstas cumplan con las restricciones de gasto que prevé la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011 sin generar déficit.
Rodríguez reiteró que los representantes del Gobierno de Canarias en los Consejos de Administración de las empresas públicas y en los órganos de gestión de las fundaciones deben velar porque las 20 empresas públicas y las 11 fundaciones adscritas al sector público autonómico se ajusten al cumplimiento de sus objetivos y previsiones de gastos e ingresos descritos en sus presupuestos de explotación y capital.
Con la intención de aumentar el control y la exigencia sobre las cuentas del sector público, el Gobierno canario ha decidido que antes del 15 de febrero se entreguen a la Consejería de Hacienda análisis de impacto socio económico de las actividades que realizan sin obtener ingresos, las medidas que pretenden adoptar para maximizar los ingresos sin que suponga competencia desleal con el sector privado, informe sobre las medidas aplicadas en 2010 y las previstas para 2011 para la imprescindible reducción de gastos, debiendo cuantificarse el impacto de las mismas. El acuerdo establece el 30 de marzo como fecha límite para formular las cuentas del ejercicio de 2010.
Todas las empresas deberán realizar un informe de viabilidad a dos años vista y entregarlo a la Viceconsejería de Hacienda antes del próximo 15 de febrero. Este informe debe reflejar la situación económica y la posibilidad de afrontar los pagos previstos. Este informe no exime a aquellas empresas que presenten déficit en 2010 de aportar el preceptivo plan económico-financiero a medio plazo.
El acuerdo exige la inmediata presentación de este plan respecto a las empresas públicas y fundaciones que han incurrido en pérdidas y que aún no lo han presentado. El Gobierno canario no realizará aportación económica o transferirá subvención alguna en 2011 a estas empresas hasta que no presenten dicho plan.
El Gobierno exige el estricto cumplimiento de todas las medidas relativas a la adaptación de las retribuciones de altos cargos y personal de estas entidades públicas a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2011.
Además, el consejero insiste en que el acuerdo obliga a la denuncia de las cláusulas de los convenios colectivos negociados recientemente en las empresas públicas y fundaciones para la aplicación de la Ley 7/2010 que hayan supuesto concesiones en compensaciones salariales o extrasalariales o cualquier otra cláusula de recuperación automática de la reducción realizada.
El Gobierno pretende así aumentar el control sobre los convenios colectivos y acuerdos laborales en estas entidades públicas y obliga a que las posibles modificaciones de estos acuerdos deban contar con informe previo de Función Pública y Presupuestos, que en caso de ser desfavorable llevará aparejado una instrucción para su no suscripción.
