El Gobierno canario se gastará en 2009 cinco millones en alquileres de juzgados

El Gobierno de Canarias se gastará durante 2009 algo más de cinco millones de euros en pagar las rentas de alquiler de hasta treinta inmuebles en la principales ciudades de las Islas, contratados la mayor parte de ellos de forma directa a sus propietarios particulares, para albergar provisionalmente más de cincuenta juzgados y otras instancias.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la dispersión de juzgados de alquiler roza los 2,5 millones de euros, prácticamente el mismo dinero que en 2007 se desvió de la construcción del Palacio de Justicia, en buena parte para adecuar esos juzgados repartidos por las Islas.

Según datos oficiales facilitados por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, el presupuesto asignado en 2009 para cubrir las rentas de alquiler de juzgados asciende a 5.013.284 euros. De ellos, el mayor montante recae en catorce inmuebles arrendados en Las Palmas de Gran Canaria, por los cuales la Comunidad debe pagar el próximo año 2.389.349, 72 euros.

En Tenerife, la cifra alcanza los 2.013.782, 80 euros repartidos en doce locales alquilados en Santa Cruz, La Laguna, La Orotava, Puerto de La Cruz y Los Realejos, mientras que en Fuerteventura el gasto de alquileres asciende a 370.809, 56 euros en tres inmuebles de Puerto del Rosario y en La Palma, a 45.360 euros en un local de su capital.

El propio Gobierno canario ha explicado a este diario que los criterios que se siguen para la elección de un local de arrendamiento están establecidos en la Ley 6/2006, de Patrimonio de la Comunidad, en la que se establece que los alquileres deben concertarse mediante concurso público, si bien la propia Ley permite arrendamientos de forma directa, si las necesidades del mercado inmobiliario, la urgencia del alquiler o la idoneidad del inmueble así lo aconsejan.

En este caso, debe ser el consejero de Economía y Hacienda quien autorice los arrendamientos contratados de manera directa, debidamente justificadas las razones de esa forma de contratación.

La elección del local debe responde en función del tipo de unidad judicial que se trate, ya que un juzgado penal debe tener acceso a la calle al que pueda acceder un coche celular, uno de lo contencioso debe albergar a ocho funcionarios o uno de los social, a diez.

Al respecto, desde la Junta de Personal representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias han lamentado a este diario que “nunca los locales que hemos puesto nosotros encima de la mesa se han podido alquilar, ya que ellos [los responsables políticos de Justicia] son los que siempre deciden y firman el contrato sin tener en cuenta nuestras propuestas”.

De 700.000 a 4.000 euros al año

Las mayores rentas por alquiler de inmuebles de la Administración de Justicia en Canarias se sitúan en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. En la capital grancanaria, el mayor montante anual, de 738.044, 28 euros, responde al alquiler del edificio donde se ubican varios juzgados en el colegio de los jesuitas, propiedad de la Fundación Loyola.

En Santa Cruz de Tenerife, una cantidad ligeramente superior, de 763.594, 80 euros, recae en el alquiler del inmueble de la Jurisdicción Social, mientras que las oficinas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa supondrán un coste en 2009 de 423.845, 28 euros.

Otro de los inmuebles más caros arrendados por el Gobierno de Canarias es el que alberga los juzgados de lo Contencioso-Administrativo del 1 al 5, en Las Palmas de Gran Canaria, con un coste anual de 327.682, 32 euros.

Con rentas superiores a los 200.000 euros anuales figuran cuatro inmuebles. El alquiler de los juzgados de Primera Instancia 1, 3, 5 y 10 de Las Palmas de Gran Canaria cuesta 248.891, 16 euros, la renta por el inmueble donde se ubica la Jurisdicción de Menores de Las Palmas, 240.716, 28 euros, la de los juzgados de primera instancia 6 y 15 y de lo contencioso 6 de Las Palmas, 224.125, 44 euros, y los de primera instancia e instrucción 1 y 2 de Puerto de La Cruz, 218.754, 96 euros.

También con gastos superiores a 100.000 euros figuran los juzgados de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario, con 173.454, 96 euros, de lo Social 2 y de lo Penal 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, con 144.432, 60 euros, el juzgado de menores 2 de Las Palmas de Gran Canaria, con 141.120 euros, primera instancia 16 y 17 de Las Palmas de Gran Canaria, con 104.326, 56 euros, además de 193.983, 92 euros destinados a revisiones de renta y otros 186.000 euros dedicados al incremento de la Planta Judicial prevista en 2009.

Los alquileres inferiores a 100.000 euros corresponden a primera instancia e instrucción 3 de Puerto de La Cruz, con 95.159, 76, instrucción 3 de La Laguna, con 93.636, 36 euros, instrucción 1 y 4 de La Laguna, con 73.944 euros, primera instancia 6 de La Laguna, con 71.827, 56 euros, el juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, con 71.707, 32 euros, instrucción 2 de La Laguna, con 69.882, 96 euros y primera instancia e instrucción 4 de La Orotava, con 67.289, 04 euros.

Existen también otros alquileres de menor cuantía, como los que se paga por los juzgados de lo Contencioso 2 y 3 y el Aula de Formación de la Unidad de Valoración Forense de Santa Cruz de Tenerife y por el de los juzgados de lo Social 7 y primera instancia 14 de Las Palmas de Gran Canaria, ambos inmuebles arrendados por 60.069, 36 euros.

Además, las oficinas de la Adscripción Permanente de la Fiscalía en Puerto del Rosario cuestan 52.920 euros al año, mientras el juzgado de lo penal 1 de Santa Cruz de La Palma, 45.360 euros, el juzgado de primera instancia 13 de Las Palmas de Gran Canaria, 44.078, 40 euros, el servicio común de notificaciones y embargos de la capital grancanaria, 32.256 euros y primera instancia 7 de Las Palmas de Gran Canaria, 24.246, 24 euros.

La previsión de gastos en alquileres de locales judiciales por parte del Gobierno de Canarias para 2009 también incluye 10.487, 52 euros para el juzgado de lo mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, 6.685, 16 euros para el juzgado de vigilancia penintenciaria de la capital grancanaria y 4.071, 40 euros para el juzgado de paz de Los Realejos.

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