El Gobierno incorpora matices a la ley de Medidas Urgentes
El Gobierno canario ha recibido alegaciones de más de 50 entidades e instituciones a la ley de Medidas Urgentes, a la que incorporará matices, pero no cambios sustanciales, y se mantiene la eliminación de excepciones a la moratoria, afirmó el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel.
El responsable del departamento autonómico celebró que las instituciones públicas, los cabildos y ayuntamientos, a los que se solicitó informes hayan contestado, así como las organizaciones empresariales, por lo que el Gobierno se encuentra a punto de culminar el proceso de análisis de las sugerencias.
En general existe “cierta unanimidad” en cuanto a la necesidad de contar con esta normativa, aunque en algunas cuestiones hay opiniones contradictorias, algo lógico en la medida en que las instituciones u organizaciones defienden distintos intereses, apuntó Berriel antes de la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (COTMAC).
La ley de Medidas Urgentes es, además, la primera que se saca a información pública para que la ciudadanía también pueda realizar sus aportaciones, agregó.
Con todo, el Gobierno espera culminar en los próximos días la redacción definitiva para acordar en el próximo Consejo de Gobierno o el siguiente remitirla al Consejo Consultivo y después al Parlamento, de manera que si se cumplen sus objetivos pueda estar aprobada en septiembre u octubre, estimó.
Subrayó que se adoptaran matices de partes que no eran bien comprendidas y otros que han mejorado la redacción, aunque no medidas que “distorsionen” el texto original.
En concreto, se refirió a las peticiones para que se admitan nuevamente las excepciones a la moratoria, que antes estaban ligadas a ofertas complementarias de calidad y ahora sólo a la sustitución y rehabilitación de camas antiguas.
El Gobierno, dijo, sigue siendo firme en la necesidad de realizar esfuerzos para rehabilitar las zonas obsoletas y que, por tanto, esa sea la única manera de construir camas nuevas, de manera que los empresarios que deseen invertir, dediquen “un poco más” de sus recursos y adquieran edificios obsoletos que les permitan conseguir autorización para nuevas camas.
“Es una de las bases de la ley, en cualquier caso esa parte no se puede desvirtuar”, aseveró.
Ello afecta a las islas capitalinas, a Lanzarote y Fuerteventura, no así a La Palma, La Gomera y El Hierro, que no sólo no tienen planta obsoleta, sino que su turismo es menor y aún no está en riesgo su capacidad de carga, por lo que se acogerán a su normativa específica para la construcción de nuevas camas.
En cuanto a la necesidad de que los entornos también sean renovados, explicó que el objetivo es que mientras la inversión privada renueva los edificios, las instituciones públicas trabajen en las calles y urbanizaciones.
