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El Gobierno estaba al tanto de las irregularidades en el 'caso turismo'

UN MES ANTES DE QUE FUESE DENUNCIADO

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El Gobierno de Canarias conocía, desde un mes antes de denunciarse, la existencia de irregularidades en la concesión de licencias de agencias de viajes. Así lo aseguró este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias el consejero de Turismo del Ejecutivo regional, quien explicó que fue el 20 de marzo de 2006 cuando el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Las Palmas, Rafael Gallego, transmitió en una reunión de trabajo a la viceconsejera de Turismo, Pilar Parejo, sus "fundadas sospechas" de irregularidades e "intrusismo" por parte de algún funcionario del departamento de Turismo y le señaló que esos hechos los estaba investigando ya la Policía.

Fajardo dijo que "ante la gravedad de ese comentario" del que le informó posteriormente la viceconsejera, él dio instrucciones de que ese asunto se comunicara al director general del Gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, Salvador Iglesias, que "decidió darlo a conocer inmediatamente a la Jefatura Superior de Policía" después de estudiar si antes se comunicaba a las autoridades competentes.

Sin embargo, señaló que fue el 25 de abril cuando el Sánchez Ortega, administrador mercantil de Viajes Tindaya S.L., denuncia ante la Jefatura Superior de Policía que el funcionario de la Consejería de Turismo, Enrique Barreda, "supuestamente competente para la tramitación de los expedientes de apertura de agencias de viajes, le ha solicitado 16.000 euros por las gestiones necesarias para agilizar la apertura de una agencia en Las Palmas de Gran Canaria".

Asimismo, prosiguió Fajardo, el denunciante aseguró que eran más las agencias de viajes afectadas por este sistema de cobro de gestiones que "encubrirían un supuesto soborno, sin que ni siquiera se hubieran realizado los trámites de apertura de la pretendida agencia de viaje".

El consejero además de realizar una cronología de los hechos, citó a los imputados: el jefe de negociado de Acción Turística de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería de Turismo, Enrique Barreda, y el supuesto gestor de seguros, "que no ostenta la condición de empleado público de la Comunidad autónoma y que es cuñado del anterior", Pedro Quevedo.

Recordó, asimismo, que cinco funcionarios así como personal laboral figuran en esta causa en calidad de imputados "no de manera definitiva sino temporal" y deberán comparecer ante la jueza titular del juzgado Número 8 de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, este viernes 17 de noviembre, "a fin de concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación".

El consejero, que dio a conocer los últimos datos de este caso, una vez se ha levantado el secreto de sumario el pasado 11 de octubre, expuso que el auto de fecha del 26 de octubre de la jueza María Victoria Rosell acordó transformar las diligencias previas en procedimiento ante el Tribunal del Jurado, "al deducirse como resultado de las investigaciones llevadas a cabo indicios reveladores de delitos de cohecho, fraude, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por Enrique Barreda.

Además, continuó, se habla de la posible participación de otros funcionarios públicos o personal laboral de la Consejería de Turismo, que "auxiliaron a Barreda en la presunta comisión de esos delitos o intervinieron como autores de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos o expedientes públicos a su cargo.

Fajardo indicó que a Pedro Quevedo se le imputa un presunto delito de usurpación de funciones públicas y la imputación junto a Barreda de delitos de estafas a empresas del sector y presunta falsedad documental.

Silencio del Gobierno

Durante su comparecencia a petición propia, el consejero de Turismo aclaró a los diputados que el silencio del Gobierno de Canarias sobre este caso se ha debido primero a que lo imponía la investigación policial y segundo, al secreto sumarial decretado.

Detalló que tras conocer los hechos, la Consejería controló los movimientos de uno de los imputados, Barreda, e insistió en que tras las detenciones, desplegó una serie de actuaciones con la finalidad de "prestar la máxima colaboración con la investigación y salvaguardar el interés general al que sirve la Administración autonómica": remisión de documentación al Juzgado, el control de acceso a las dependencias de la Consejería fuera de los horarios de trabajo, así como apartar provisionalmente a Enrique Barreda de sus funciones y destinarlo a otra unidad administrativa.

Otra de las cosas que matizó en su intervención es que las denuncias que se produjeron hasta el 20 de marzo de 2006, en la que el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Las Palmas lo comunicó de manera verbal, "nunca pusieron de manifiesto irregularidades cometidas por algún funcionario o personal de la Consejería de Turismo en el ejercicio de sus funciones, ya que habría derivado eso en la exigencia de las responsabilidades pertinentes".

Reiteró el consejero que en la actualidad aún se elabora una auditoría integral de la gestión que se ha llevado a cabo en el servicio de Acción turística y en definitiva concluyó que el Gobierno canario ha actuado con "la mayor transparencia" y ha seguido el mismo protocolo que en otros casos, poniéndolo en conocimiento de la Policía y manteniendo "una discreción extrema".

Denuncias

El diputado del grupo parlamentario Socialista (PSC-PSOE), Julio Cruz, manifestó a Fajardo que tras su exposición "seguía habiendo muchos claroscuros e interrogantes si contestar" y criticó que el consejero omitiera en su comparecencia ante la Cámara regional del pasado 4 de octubre que "el Gobierno conocía desde el 20 de marzo una situación irregular en el departamento de Turismo". Cruz preguntó a Fajardo qué es lo que sucedió en el tiempo que transcurrió entre el 20 de marzo, en que el Ejecutivo conoció las irregularidades y el 25 de abril en que éstas fueron denunciadas.

Asimismo, le reprochó que 120 días después de que se produjeran los hechos, el Gobierno no haya finalizado el informe sobre un asunto "de gravedad".

En la misma línea, el diputado Fernando Toribio (PP) preguntó si la denuncia es "coetánea y paralela" en el tiempo con los hechos de los que tenía conocimiento la Policía y solicitó al consejero que aclarara quién presentó primero la denuncia, si la Consejería de Turismo, a través de los servicios del presidente del Gobierno, o el administrador de Viajes Tindaya.

Fajardo en su segunda intervención no respondió a las preguntas de los diputados del PSOE y del PP y se limitó a decir que había dado la información con la que cuenta el Gobierno canario.

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