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El Gobierno pretendía autorizar 1.600 camas

BERRIEL MANTUVO ''CONVERSACIONES DISCREPANTES'' CON SANTANA CAZORLA

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El consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, volvió a afirmar este lunes a que mantuvo diversas "conversaciones discrepantes" con el empresario Santiago Santana Cazorla alrededor de la petición de declaración general del proyecto de Anfi Tauro, como adelantó CANARIAS AHORA el pasado jueves, porque le trasladó al empresario que el Gobierno permitiría ese proyecto con cerca "de 1.600 o 1.700 camas", cuando el proyecto del grupo empresarial contempla 3.600. Una vez emitido el informe del Gobierno con la recomendación de dejarlo en 1.600 camas, el Parlamento sería finalmente el que decidiría qué se autoriza.

Berriel explicó a ACN Press que habló varias veces con Santana Cazorla, en las que discutieron la interpretación de la normativa de las directrices de ordenación general del territorio. Mientras el Gobierno sostenía que el proyecto debía tener menos camas de las contempladas, Santana Cazorla defendía que se aprobase con las 3.600 inicialmente solicitadas.

Ante esta discrepancia, Berriel trasladó al empresario que estudiaría el asunto con sus técnicos, y entonces planteó una reunión con Santana Cazorla para el lunes 5 de febrero, y que finalmente no se celebró porque cuando el empresario estaba ya en el aeropuerto para ir a Tenerife, fue detenido por la Policía en el marco de la Operación Góndola.

"En ella ?dijo Berriel- teníamos que ver si tenía razón en su alegato parcialmente o si podríamos ajustar más esa pretensión de él o no, pero él no llegó a la reunión porque le detuvieron". Ante la detención, el consejero dijo que se notificó a la empresa por escrito cuál era la intención del Ejecutivo. "Ésa fue toda mi intervención", dijo Berriel.

Estas conversaciones, junto a otra en la que supuestamente aparece el presidente del Gobierno Adán Martín, son la base por la que el juez de la Operación Góndola, que investiga diversos supuestos de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, mandó una pieza separada por la posible implicación de aforados (Adán Martín y el propio Berriel), cuestión que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el TSJC.

El consejero se muestra sorprendido

El consejero afirmó su "sorpresa" por todo lo sucedido y por toda "la escandalera" que se ha montado alrededor de este asunto. Berriel mostró su indignación por el hecho de que, además de grabársele una conversación, ésta fuese conocida por medios de comunicación "antes incluso de que lo viese quien tiene la potestad para verlo, que es el TSJC", dado que tanto el presidente Adán Martín como el propio consejero de Política Territorial y Medio Ambiente están aforados.

Berriel defendió en todo momento la actuación completamente "normal" de su departamento, y dijo que "yo llevo muchos años en la actividad pública y jamás me he sentido presionado ni tampoco nadie me ha intentado presionar". Berriel defendió incluso el derecho de Santana Cazorla a transmitir su opinión alrededor del asunto, y dijo que "ni me ha presionado ni ha tratado de conseguir ningún trato de favor".

El consejero expuso que la mayoría de personas que tienen expedientes en curso con su departamento "llaman porque tienen derecho a saber cómo se está tramitando", además de tener derecho a alegar lo que ellos consideren oportuno.

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