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González Reverón otorgó hasta 70 licencias urbanísticas en dos años sin el visto bueno de los servicios jurídicos

'CASO EDEN', SEGUNDA PIEZA DEL SUMARIO

El alcalde de Arona insiste en que con contar con el informe favorable de los técnicos "bastaba".

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El alcalde de Arona, Alberto González Reverón, volvió a declarar este lunes en los juzgados de esa localidad como imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y prevaricación urbanística, pero esta vez lo hizo por una causa separada del llamado Caso Edén, en relación a la concesión de licencias urbanísticas otorgadas entre 2007 y 2008, y también por las alteraciones en el Plan General de Urbanismo, cuando ya estaba en la COTMAC.

El alcalde de Arona, Alberto González Reverón.

El alcalde de Arona, Alberto González Reverón.

Según fuentes judiciales, González Reverón habría atribuido a los técnicos de Urbanismo la concesión de al menos 70 licencias urbanísticas que contaban con su visto bueno, pero no así de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, por lo que se contrató a un abogado externo (Martín Orozco) para validarlas.

De acuerdo con las mismas fuentes, el mandatario reconoció en su declaración que otorgó licencias urbanísticas con informes desfavorables, las últimas de ellas (año 2008) apoyadas por el abogado privado y habría admitido ante la jueza de Instrucción 4 de Arona que con contar con el informe favorable de los técnicos, le bastaba.

En declaraciones de julio de 2009, esa vez ante el juzgado de Instrucción 7 de Arona, el alcalde admitió que esa forma de otorgar licencias era "lo que se había hecho desde hace 25 años", de la misma manera que se otorgaban licencias sin necesidad de concurso y solo que el respaldo de informes técnicos favorables. De esta manera, el edil responsabiliza indirectamente a los técnicos de esas concesiones.

González Reverón también tuvo que responder ante la jueza y la fiscal de Delitos contra la Ordenación del Territorio por las alteraciones en 2008 en el Plan General de Ordenación, una vez que ya había sido entregado a la COTMAC, de lo que se habrían beneficiado empresas del grupo FACA. Es lo que se desprende de una conversación telefónica interceptada en marzo de 2008 por la Policía Judicial entre el alcalde y su edil de urbanismo entre 2003 y 2007, Manuel Barrios, que también compareció este lunes en el juzgado.

Barrios se ratificó en sus anteriores declaraciones y reiteró que se otorgaban licencias urbanísticas aunque los informes jurídicos fuesen desfavorables, aunque las fuentes jurídicas indican que no recordaba ni fechas, ni concesionarios, ni que las licencias ilegales hubiesen pasado por delante suyo.

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