Gran Canaria ve un drástico recorte a la intervención de los cabildos en la Ley del Suelo
El grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que sustentan NC, el PSOE y Podemos, ha presentado este miércoles un decálogo que resume las alegaciones de la institución al proyecto de Ley del Suelo, iniciativa en la que ve un drástico recorte a la intervención de los cabildos.
Después de que el Consejo de Gobierno de la corporación grancanaria aprobara de forma unánime las alegaciones de la institución a este proyecto de ley, su presidente, Antonio Morales, ha precisado que con ellas no se pretende plantear “una enmienda a la totalidad” a la futura norma promovida por el Gobierno regional, sino una “aportación para un debate sereno en el que se escuche a toda la sociedad canaria”.
A juicio de Morales, dada la importancia de la materia que regulará esta norma, lo deseable es que sea “un documento consensuado”, como lo fue, en su día el de las Directrices de Ordenación.
El grupo de gobierno de la corporación grancanaria considera que este proyecto de ley hace “un diagnóstico inadecuado del planeamiento” y “cuestiona lo público”, hasta el punto de que “el interés general parece secundario”.
La institución grancanaria aboga por que los valores inherentes al desarrollo sostenible sean objeto de una protección universal por su vinculación con el interés general.
Además, estima que la necesaria simplificación del actual marco normativo “no debería estar dirigida a eliminar los controles necesarios sobre la potestad de ordenación del territorio, como propone la ley” y afirma que “simplificar no tiene por qué ser sinónimo de suavizar, reducir o eliminar los controles”.
El Cabildo de Gran Canaria ve “incongruente” con la defensa del desarrollo sostenible la derogación de las Directrices Generales de Ordenación y su memoria que plantea la norma impulsada por el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo y alerta de que uno de sus principales problemas reside en la distribución competencial que propone, habida cuenta del escenario “marcadamente municipalista, totalmente inédito en España” que propone para gestionar el planeamiento urbanístico.
De igual forma, la corporación grancanaria estima en sus alegaciones que la administración autonómica renuncia con este proyecto de ley a sus competencias, ya que la Cotmac “desaparece como órgano de coordinación regional de las políticas sobre el territorio y el urbanismo y garante del control de legalidad previo a su aprobación definitiva”.
Antonio Morales también ha llamado la atención sobre “el drástico recorte de la intervención de los cabildos” que, a juicio de esta corporación, plantea este proyecto de ley.
“El planeamiento insular es objeto de un importante recorte en su contenido, alcance y atribuciones que pone en peligro el desarrollo sostenible y el equilibrio territorial a escala insular”, ha aseverado.
La institución grancanaria rechaza también que se traspase a los órganos judiciales el control de legalidad que, además, se hará a posteriori, con lo que el resultado será que “en aquellos supuestos en los que se detecten visos de nulidad, los tribunales dicten una sentencia tardía, con el consiguiente perjuicio a terceros”.
La “liberalización del suelo rústico con la excusa de incrementar la rentabilidad del sector primario” es otro de los asuntos que no comparte el Cabildo grancanario, que también advierte de que este proyecto de ley puede desincentivar a los ayuntamientos a redactar un nuevo planeamiento, ya que la adaptación al nuevo marco normativo no posee plazos concretos para su adaptación.
El vicepresidente primero de la corporación, Ángel Víctor Torres, del PSOE, ha resaltado que este partido no incurre en contradicción alguna en relación a esta iniciativa legislativa, que apoyó en el Parlamento regional porque valora que se abra a la sociedad, lo que le permite, como ha hecho desde la institución grancanaria, presentar alegaciones que contribuyan a mejorarla.
