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La Guardia Civil propuso al juez Puebla la detención de Lucas Bravo de Laguna

EN EL 'CASO BRISAN' AL MISMO TIEMPO QUE LOS EX ALCALDES DEL PP VEGA Y DÍAZ Y EL EX CONCEJAL TROYA

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Diligencias número 35/06

6 de octubre de 2007. Un informe del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil de Las Palmas señala al juez del caso Brisan, Alberto Puebla, la supuesta comisión de hasta seis delitos de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida, gobernado por el PP. El informe da pie a la detención, el 23 de octubre, de los ex alcaldes populares Carmelo Vega y Antonio Díaz y el ex concejal Luis Troya, entre otros. La diligencia policial incluye una "mención especial": Lucas Bravo de Laguna, por entonces y en la actualidad alcalde del PP en la Villa. Fue el único de la lista que no acabó en los calabozos.

La diligencia de investigación policial e informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Las Palmas desgrana desde sus orígenes lo que los investigadores del instituto armado denominaron Entramado Uno del caso Brisan: la supuesta comisión de delitos de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos y negociación prohibida a funcionario público por parte de diferentes personas ligadas al Ayuntamiento de Santa Brígida por la relación contractual con la mercantil Morales Ravelo e Hijos SL, y el nexo de esta empresa con Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas SL, del ex concejal Luis Troya.

Los responsables del caso informan al juez instructor Puebla que de sus extensas pesquisas quedan acreditadas las "continuas y notables irregularidades" durante el tiempo que ocuparon la Alcaldía Carmelo Vega y Antonio Díaz, ambos en representación del PP, y de sus investigaciones consideraron acreditada la comisión del delito de prevaricación tanto por parte de Carmelo Vega como por Lucas Bravo de Laguna, entonces concejal de Hacienda, dentro del Entramado Uno de la ferretería de Troya.

El informe de la Benemérita considera que la presunta prevaricación cometida por Lucas Bravo se fundamenta, al igual que en el caso de Carmelo Vega, "por los actos decisorios en los que tomaron parte y formaron parte de decisiones injustas e ilegales respecto a la relación contractual de la mercantil de Morales con el Ayuntamiento".

Mención expresa por presunta responsabilidad indirecta en el fraude

Es más, la Guardia Civil hace "una mención expresa a la persona de Lucas Bravo de Laguna, que ocupó la concejalía de Economía y Hacienda y por ende máximo responsable del departamento de contratación, desde el año 2.003, debiendo tener conocimiento de las graves irregularidades que se perpretaban en el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida en materia de contratación y advertidas a él mismo, según actas de los plenos, por los concejales de la oposición y en concreto con la relación contractual mantenida con la empresa de Morales y a la permisividad mostrada a la tarea "no fiscalizadora" de los Interventores municipales, por si se dedujera algún tipo de responsabilidad indirecta en el delito de fraude objeto de la investigación".

La "mención especial" a Bravo de Laguna, al que la Guardia Civil atribuye un presunto delito de prevaricación y la posibilidad de que haya sido responsable indirecto del fraude investigado, figura al final del extenso informe en el que los investigadores, "como consecuencia de la supuesta comisión comisión de manera continuada en el tiempo y dolosa en cuanto a su ejecución de los graves delitos perpretados", proponen al juez "la detención de los presuntos autores de los mismos por la supuesta responsabilidad penal inherente a lo continuado y reiterado de sus actos".

Mientras sus dos antecesores en el cargo y su ex compañero de grupo de gobierno en el anterior mandato eran detenidos, Lucas Bravo de Laguna comparecia ante los medios de comunicación junto a su nueva socia en Santa Brígida, Amalia Bosch (Los Verdes), para mostrar su tranquilidad y explicar que durante el periodo investigado por la Guardia Civil (2000-2007), no tenía "firma delegada" como concejal de Hacienda. Al día siguiente de estas declaraciones en plena jornada inaugural de las detenciones dentro del caso Brisan, la operación alcanzaba a otras cinco personas, y desde el grupo de gobierno PP-Los Verdes confiaban en que las órdenes judiciales no alcanzaran al alcalde popular.

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