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IC acusa al director de personal de LPGC de tráfico de influencias

EN LA CONTRATACIÓN PARA EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS

El sindicato sostiene que José María Cabrera debió abstenerse en el proceso por su amistad con Juan Fernando Fariña, adjudicatario del servicio.

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La contratación del servicio de consultoría para la elaboración del plan de recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llega a los juzgados de la capital. La sección de Intersindical Canaria en el consistorio capitalino presentó el pasado domingo una denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias contra José María Cabrera, director general de Recursos Humanos y Seguridad, Claudio Alberto Rivero, Director de Gobierno de Presidencia y Seguridad, y Juan Fernando Fariña, administrador único de Estrategia y Gestión Pública, empresa que resultó adjudicataria de este servicio que incluye la realización de una relación de puestos de trabajo (RPT) del personal.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Intersindical Canaria sostiene que José María Cabrera debió abstenerse en el procedimiento por la "relación profesional y de amistad" que mantiene con Juan Fernando Fariña, quien ya aparecía como adjudicatario en la propuesta de gasto aprobada por el director de Recursos Humanos el pasado 1 de marzo, 20 días antes de que cursara invitación a cuatro empresas mediante el procedimiento de negociado sin publicidad por un importe de 62.790 euros (60.000 euros más el IGIC).

De las cuatro propuestas que elevó Cabrera, solo presentó oferta la empresa de Fariña, que ya realizó 6 trabajos para el área de Recursos Humanos del Cabildo de El Hierro desde diciembre de 2007 a abril de 2010, periodo en el que José María Cabrera era responsable del departamento en la institución insular.

Intersindical Canaria resalta además que Fariña fue director y coordinador de un curso superior de gestión de las administraciones públicas organizado por la Fecam en 2010 y que contó como profesores con el propio Cabrera y con José Manuel Arias y Sonia Arias, apoderados de las empresas Pine Point y Excellence Bussiness Value, a las que también se cursó invitación para participar en el procedimiento y que no presentaron oferta. La cuarta candidatura era la de Francisco Aguilar, asesor externo que defiende al Ayuntamiento en los pleitos laborales.

El sindicato ha recopilado en las últimas fechas datos sobre la vinculación entre el adjudicador y el adjudicatario que, a su juicio, ponen en duda la transparencia del procedimiento. Así, además de los trabajos conjuntos realizados en el Cabildo de El Hierro, IC ha constatado que ambos son coautores de un capítulo del manual Los recursos humanos en la administración local, elaborado por la editorial Tirant lo Blanch, que Fariña fue ponente en una jornada de trabajo organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de mayo o que el trabajo de Cabrera en un curso sobre Dirección de Recursos Humanos incluye un agradecimiento personal a Fariña, una de las tres personas que "le arrastraron a la complicada vereda de los recursos humanos", según sus propias palabras.

Reparos del servicio de contratación

El Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya puso reparos al proceso con dos informes fechados el 9 y el 19 de marzo. En el primero de ellos, cuestionaba la generalidad de los criterios de valoración, el procedimiento elegido -negociado sin publicidad-, la falta de firma en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de la contratación de un seguro de responsabilidad civil, así como la "falta de cierre" del contrato de asistencia técnica que el Ayuntamiento adjudicó en 1997 a Price Waterhouse Auditores en un primer intento para la realización de la RPT, relación que también trató de impulsar el anterior grupo de gobierno con un equipo de trabajo de funcionarios.

José María Cabrera expresó su discrepancia con el contenido de este informe con un escrito de respuesta en el que instaba al servicio de contratación a "evitar la paralización" del procedimiento y a su tramitación urgente. La contestación de la oficina, que refrendó sus objeciones, fue contundente: ''No es de recibo achacar a este servicio que, en cumplimiento de sus deberes de estudio del expediente, provoque estancamiento de su curso".

Finalmente la Dirección General de Recursos Humanos modificó la propuesta, estableciendo como criterios para la negociación la oferta económica y la calidad y valor técnico de la propuesta. También cambió el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo unos trabajos que, a juicio de Intersindical Canarias, "en parte ya están realizados y que debe y puede llevar a cabo el servicio de personal del consistorio, contando con los medios humanos y materiales para ello". La negociación, según denuncia el sindicato, se produjo a puerta cerrada el 16 de mayo y contó con la única presencia de Fariñas y Cabrera. La adjudicación se firmó el 13 de junio.

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