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IC exige el cese de personal directivo en LPGC

DENUNCIA UN GASTO DE 462.400 EUROS

El sindicato dice basarse en una reciente sentencia del TSJC y estudia emprender acciones legales para que se destituya a cargos que han sido nombrados "a dedo, por afinidades políticas o personales". 

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Intersindical Canaria (IC) ha exigido al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, el cese de todo el personal directivo que suponga un sobrecoste para las arcas municipales, ya sean gerentes, directores o coordinadores generales, en base a una Sentencia emitida recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Dicha sentencia, que se desprende de una demanda de la Comunidad Autónoma de Canarias contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se centra en el artículo 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que indica que la designación del personal directivo "atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia".

IC reivindica que el consistorio cuenta en la con dos directores generales (Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías), dos coordinadores (Presidencia y Tributos), un director del órgano de Gestión Tributaria y tres gerentes (IMEF, Órgano Desconcentrado de Limpieza y Sociedad de Promoción) que han sido nombrados "a dedo, por afinidades políticas o personales".

Dicho personal, añade en un comunicado, suma un total de 462.400 euros de gastos en salarios, cuando "sus funciones podrían ser desempeñadas perfectamente por personal municipal, ahorrando estos gastos", lamenta el sindicato.

Asimismo, manifiesta que la totalidad de los nombramientos de personal directivo efectuados en el Ayuntamiento durante el mandato del Partido Popular (PP), no han cumplido con los requisitos de publicidad y libre concurrencia. IC asegura haber puesto a disposición de su asesoría jurídica, tanto los nombramientos de los que califica como "paracaidistas nombrados a dedo", como la sentencia del TSJC para estudiar las posibles acciones legales a emprender.

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