IC propone 100 medidas para ahorrar 420 millones
Intersindical Canaria (IC) ha elaborado un documento con 100 propuestas que supondrían un ahorro en la Administración de las islas de 420 millones de euros, según sus propios cálculos. De todas las medidas destacan la importancia de implantar el software libre, que representaría 90 millones de euros menos, reducir el parque móvil, los seguros o la externalización de servicios. De estos últimos, el cálculo económico del ahorro está en fase de elaboración.
Este documento lo presentarán en la Mesa de la Administración Pública convocada por el Gobierno de Canarias, a quien trasladarán también su intención de “no apoyar ninguna medida encaminada a destruir empleo público”, explicó Luis Piernavieja, de la Federación de Justicia de IC en una rueda de prensa celebrada este viernes en Las Palmas de Gran Canaria, “si antes no se aplican estas medidas”.
“Desde IC no tenemos esperanzas de que se nos escuche”, explicó Piernavieja, porque este mismo documento ya se entregó a finales de 2011, antes de la redacción del proyecto de Presupuestos por parte del Gobierno canario “y no hemos visto resultado”, señaló Rafael Hernández, de la Federación de los Empleados Públicos.
Desde IC se muestran especialmente críticos con el PSOE-PSC, al no entender “que estén homologando las mismas medidas de agresión a los trabajadores”, que proponen otros partidos con ideología diferente. Piernavieja afirmó que “no hay ninguna voluntad política para variar el sistema”, y en concreto el PSC mantiene una posición “hipócrita y torticera” al “criticar la política que luego lleva a cabo” desde el Gobierno de Canarias, en virtud de su pacto con Coalición Canaria.
“IC no acepta ni aceptará la reducción de jornada, salario y puestos de trabajo propuesta desde el Ejecutivo, y así se lo harán saber. Tras esta negativa no se esconde una oposición a las negociaciones”, explicó Piernavieja, “seguiremos acudiendo a las Mesas, pero no participaremos en ningún acuerdo en ese sentido”. Temen que esta postura provoque que el Ejecutivo les ignore, “como ya hizo con los Pactos por la Concertación”, porque “si reforman la Constitución, esto es pecata minuta e intentarán pervertir el sistema”.
Concluyeron acusando al Gobierno de Canarias de negociar de manera impositiva “o lo tomas o viene lo peor, que es una política de agresión”.
