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IR-Verdes exige ''responsabilidades'' al PSOE

El portavoz de Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes), Escolástico Gil, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la aprobación del Plan El Varadero por silencio administrativo positivo “confirma en todos sus extremos lo que venimos denunciando desde hace cuatro años y pone a Macario Benítez a los pies de los caballos” y considera que el grupo de gobierno del PSC-PSOE “debe asumir responsabilidades”.

En su primera valoración de la sentencia nº 304 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la aprobación del Plan El Varadero por silencio administrativo positivo, Escolástico Gil recuerda que presentó el 14 de septiembre de 2004, junto a su compañero Jacinto Correa, un recurso por la aprobación por silencio administrativo positivo del Plan Parcial El Varadero, contra el Ayuntamiento de El Rosario y contra la empresa promotora Amador Díaz Ramos S.L.

“Ahora, el TSJC viene a anular el acuerdo de aprobación, pues si la tramitación del plan parcial debió ser suspendida, por presentarse la instancia después de la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, no pudo producirse el silencio administrativo y debe declararse la nulidad”, señala.

Para Escolástico Gil, “El Varadero es ilegal y esperamos que actúe la Fiscalía, porque el grupo de gobierno del PSC-PSOE debe asumir responsabilidades por la presunta trama de prevaricación y tráfico de influencias que atraviesa desde la presentación del plan parcial, su retirada intempestiva de la reunión de la COTMAC vía fax, después la aprobación por silencio administrativo y por último su pretendida inclusión en el Plan General de Ordenación, que también consideramos sujeta a la anulación dictada ahora por el TSJC, por incumplir el PIOT”.

Gil señaló que IR-Verdes realizará una valoración más detallada en rueda de prensa este próximo jueves, “ya que la Sentencia también afecta a la tramitación realizada por la COTMAC, que implica tanto a técnicos y representantes de la Consejería como del Cabildo Insular, por lo que continuamos exigiendo que se abra una investigación interna y se depuren responsabilidades”.

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