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La Intervención General del Cabildo obliga a retirar la RPT de Deportes

POR PRETENDER CREAR UNA PLAZA DE LICENCIADO SIN AMORTIZAR OTRA

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La Junta Rectora del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria se vio forzada la mañana de este miércoles a retirar la propuesta de modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Un informe negativo de la Intervención General de la Corporación que preside José Manuel Soria (PP) bloqueó la intención del equipo directivo del consejero de Deportes, José Miguel Álamo, de crear dos plazas nuevas para licenciados, ya que en el caso de una de ellas, aún no se ha amortizado una plaza como obliga la norma, por medio de una tasa de reposición para mantener el coste de la masa salarial.

En la Junta Rectora que aprobó un presupuesto de 16.946.990, 47 euros para 2007 con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Nueva Canarias y Coalición Canaria, tanto el consejero José Miguel Álamo como el gerente José María Cabrera no especificaron a qué tipo de licenciatura se refería la modificación de la RPT, si bien sus cometidos serían de examen de prestaciones contratadas, control de actvidades desarrolladas y de prevención de riesgos laborales de empresas externas.

Esta nueva RPT ha generado una gran conflictividad entre el Instituto Insular de Deportes, por un lado, y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio de Licenciados, por otro, al considerarse desde el mundo académico que se recortan competencias al colectivo.

Las consejeras de la oposición Rosario Chesa (CC) e Inmaculada Vega (NC) recordaron a la cúpula directiva del IID que en mayo de 2004 fueron en su momento amortizadas dos plazas de licenciados en Educación Física, aún pendientes de sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al no entender la pretensión ahora de reconvertir dos plazas y de crear otra nueva. La respuesta del grupo de gobierno del PP, que en el Instituto cuenta con el apoyo de los consejeros socialistas Demetrio Suárez y Francisco Ortega, fue que "en aquel momento no eran necesarias" esas plazas amortizadas.

En cuanto a la aprobación del presupuesto del organismo autónomo de casi 17 millones de euros, que supone un aumento del 3,72% con respecto a 2006, las consejeras nacionalistas de la oposición pretendieron conocer qué cantidad de ingresos tenía previsto el Instituto en sus centros de mayor actividad, el Centro Insular de Deportes y la Ciudad Deportiva Gran Canaria, ya que se han visto obligados a diferentes reformas y obras desde 2005, también a raíz del fallecimiento de un operario en el vaso de compensación de la piscina de la Ciudad Deportiva en 2005. El grupo directivo cuantificó los ingresos del CID en 1,1 millones y de la Ciudad Deportiva, en 1,6 millones de euros.

Además, a preguntas de la oposición y con cierta molestia por parte del gobierno a la hora de responder, la cúpula del IID ratificó la información publicada este martes por CANARIAS AHORA al cifrar en 113.000 euros los costes judiciales que, de momento, debe hacer frente el organismo en conflictos de tipo laboral perdidos en los Juzgados. Sólo afectan a cuatro de diez despedidos del control de acceso del Centro Insular y la Ciudad Deportiva. Los otros seis tienen sentencias favorables del TSJC aunque aún no ha llegado la providencia de sus casos, que motivó el pago inmediato de sus cuatro compañeros, ya avisados desde el Juzgado de lo Social número 4 para pasar a cobrar sus indemnizaciones y los salarios de tramitación correspondientes.

Tanto el presidente y la gerencia del Instituto resaltaron que "el Instituto no ha sido condenado" en otros casos pendientes, como los siete empleados despedidos del servicio de mantenimiento, a raíz de las denuncias a la prensa tras la muerte de su compañero Juan Carlos Santana. En algunos casos, han perdido sus demandas y, en otros, quien ha sido condenada por despido improcedente es la empresa subcontratada, Elsamex. Estos empleados han recurrido sus sentencias al TSJC y, como el caso de los dos licenciados amortizados, están pendientes de una resolución judicial en firme.

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