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José Miguel Ruano defiende el concurso para la protección de las autoridades canarias

EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CUESTA 600.000 EUROS

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El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, defendió este lunes el concurso público para la contratación de los servicios de protección a las autoridades y representantes del Gobierno canario en sus desplazamientos, a pesar de que una asociación de empresas de seguridad presentó un recurso para su anulación.

Ruano, en una comparecencia parlamentaria, instada por el Grupo Socialista, sobre el mencionado concurso, resaltó que el Ejecutivo regional podría haber prorrogado el contrato a la empresa que actualmente presta ése servicio, pero decidió sacarlo de nuevo a concurso para dar más transparencia al mismo.

El consejero explicó que el servicio de seguridad privado va dirigido al presidente del Gobierno, al presidente del Parlamento, al jefe de la oposición y al resto de autoridades canarias en sus desplazamientos a Madrid, aunque la prioridad es para el jefe del Ejecutivo regional.

La mayor parte del servicio se presta en Canarias y en Madrid, y consta de tres vehículos propiedad del Gobierno canario con sus correspondientes conductores que hacen labores de escolta, prosiguió Ruano en su explicación parlamentaria.

Aclaró que el expediente para el concurso de 2008 se aprobó el 14 de noviembre de 2007, ya que es de gasto anticipado, se hizo público el 17 de diciembre y finalizó su plazo el 4 de enero de 2008 y sólo se presentó una empresa, a la que le fue concedido el servicio.

Posteriormente, una asociación de empresas de seguridad privada presentó un recurso de reposición que, tras ser estudiado por los servicios jurídicos del Gobierno, fue rechazado.

El servicio de seguridad cubre un periodo de dos años y tiene una partida de 618.000 euros para los mismos.

Santiago Pérez, diputado Socialista, detalló la reclamación expuesta por la asociación empresarial y señaló que la queja podría ser llevada a los tribunales.

Criticó que el concurso se hubiera resuelto por la vía de urgencia e indicó que el objeto del concurso no era preciso.

"Serán los tribunales, si por fin la asociación que presentó el recurso de reposición decide llevarlo ante un juez, quienes decidan si el concurso se ha llevado bien o no y si es justo o no", agregó.

Manuel Fernández, diputado Popular, dijo que la petición de comparecencia era "sorprendente" porque se cuestionaba un concurso público sobre seguridad, cuando se hacían miles de concursos, "y si la asociación que ha reclamado la nulidad del concurso no está de acuerdo, le queda la vía contencioso administrativa".

"Si el Parlamento debe explicar cada uno de los concursos, apaga y vamonos", enfatizó.

"Los derechos del contribuyente están garantizados y no es lógico llevar una duda al Parlamento sobre la concesión de una licitación", agregó.

Flora Marrero, diputada de CC, tras señalar que hay en Canarias 8.000 vigilantes de seguridad, dijo no entender el objeto de la comparecencia.

"No vemos ninguna irregularidad, ya que la asociación que pidió la anulación del concurso no se presentó al mismo y luego presentó un recurso de reposición", señaló Marrero.

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