Juan Marrero insiste que la Audiencia de Cuentas no detectó indicios de delito en el Tesoro
El consejero auditor de la Audiencia de Cuentas, Juan Marrero Portugués, insistió este martes en que durante la elaboración del informe de fiscalización relacionado con el caso Amorós siempre estuvo “ojo avizor” y en ningún momento apreció la posible existencia de un posible delito penal o de responsabilidad contable.
Así lo indicó Marrero en su comparecencia ante la comisión de investigación que analiza el alcance de las presuntas irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en su informe de fiscalización de 2002 en la Dirección General del Tesoro del Gobierno canario, que dirigía entonces Alberto Amorós.
Marrero compareció este martes por segunda vez tras su primera presencia en marzo y después de la publicación de informaciones que indican el aplazamiento de la comisión de control de calidad de febrero de 2004 en la que se tenía que analizar el borrador del informe y de que dos técnicos auditores advirtieran en sendos escritos la posibilidad de indicios de delito. Uno de ellos recomendaba pedir un informe jurídico y el otro apuntaba sobre la posible existencia de un delito.
El auditor, que defendió la correción del informe, desmintió que la comisión de control se aplazara por la presentación de esos escritos y afirmó que las dos circunstancias se dieron “paralelamente”, pero “no tiene nada que ver una cosa con otra, absolutamente nada”.
También dijo que el tercer borrador que dio lugar al informe definitivo pasó por la comisión de control, integrada por siete técnicos, entre ellos los dos que presentaron los escritos, y “ni la comisión técnica ni los cinco auditores advirtieron el menor indicio de responsabilidad penal o contable”.
Marrero justificó el aplazamiento de esa comisión porque se recibió un escrito del banco Santander Central Hispano en el que contestaba a la petición de la Audiencia de las justificaciones sobre el pago del informe de Andersen Consulting. Así, indicó que esta documentación suponía una “modificación sustancial” del borrador y era un documento básico que confirmaba el pago de 45 millones.
En cuanto al escrito del técnico, afirmó que fue tenido en cuenta “como una alerta” y que “no tenía la suficiente entidad para que mereciera la pena ser contestado”. Marrero justificó esta decisión en que no era el momento procesal cuando ya se había presentado un borrador del informe, no cabía la posibilidad de hacer una afirmación tan rotunda y clara como para interrumpir los trabajos y había aparecido la documentación remitida por el Banco Central Hispano.
El escrito presentaba una falta de “argumentación suficiente”
Además, indicó que el escrito presentaba una falta de “argumentación suficiente” y se quedaba en una “afirmación genérica”. Por ello, apuntó que sólo le dio el “interés moral y ético” para estar atento a esta advertencia, sobre la que consideró “no tenía razón”.
Marrero dijo que no se solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Audiencia porque él y sus compañeros tenían “conocimiento suficiente” para determinar la posible existencia o no de indicios de delito “sin necesidad de que mediara un informe jurídico”. “La prueba me la ha dado el tiempo transcurrido, que no ha surgido ningún informe jurídico sobre si existían indicios”, añadió el auditor, quien insistió que la decisión fue adoptada también por los otros cuatro auditores encargados del informe.
Sobre si no le pareció necesario ir más allá en la investigación ante el hecho de que 13 de las 27 conclusiones del informe apuntaran irregularidades e infracciones, reiteró que ninguno de los cinco auditores del órgano colegiado entendió que hiciera falta un informe jurídico y que no había indicios de responsabilidad penal o contable.
También apuntó que se consideró suficiente que el informe final aprobado se envirara al Tribunal de Cuentas como se hace con el resto de informes, “y con la certeza de que si se hubiera advertido la necesidad de responsabilidades contables lo hubieran hecho”.
Marrero aseguró que su responsabilidad y obligación “acabó el día que la Audiencia” aprobó el informe y eludió contestar sobre si el Tribunal de Cuentas, que requirió en 2006 la situación del expediente sobre este caso, ha respondido o se está pendiente de una comunicación que señale la existencia de posible responsabilidad penal o de otro tipo.
“Lo que pasa desde ese momento en adelante, a mí como consejero no me interesa ni tiene nada que ver”, dijo Marrero, quien insistió en que a partir de entonces “no me interesa en absoluto”, desde el punto de vista profesional, lo que resuelva el Tribunal de Cuentas, otra instancia judicial o el Parlamento.
“Ni a mí ni a ningún miembro de la Audiencia de Cuentas debe de interesarnos, porque no es responsabilidad nuestra”, afirmó Marrero, quien remarcó que la labor de la Audiencia es informar y quien tiene que valorar y concluir es el Parlamento de Canarias. “No me pida opinión sobre algo que no estoy capacitado ni obligado a valorar”, apuntó Marrero, quien insistió en que la labor de la Audiencia de Cuentas es informativa.
