Justicia y Sociedad se persona como acción popular por Las Teresitas
La Asociación Justicia y Sociedad se personó este viernes como acción popular en la querella incoada por la fiscalía anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife contra el alcalde Miguel Zerolo, varios políticos y empresarios, por presuntas irregularidades en el convenio urbanístico de Las Teresitas.
El colectivo, presidido por Joaquín Sagaseta y que reúne a un centenar de juristas, procurados y profesores universitarios, además de profesionales de otros ámbitos, consideró su personación ante la “especial gravedad” del asunto por la cuantía que ha podido ser malversada del Ayuntamiento capitalino y que cifra en 52,5 millones de euros.
Así lo manifestó José Pérez Ventura, quien suscribe el escrito por el que se persona junto al letrado Joaquín Sagaseta, y quien explicó que uno de los objetivos de la Asociación es el ejercicio de acciones penales dirigidas contra funcionarios públicos y políticos relacionados con la corrupción.
Pérez explicó que la Asociación, que presentó el escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que instruye el caso, seguirá la misma dirección que la interpuesta por la fiscalía en un principio.
El portavoz de la asociación reiteró que el caso de Las Teresitas se trataría de una “operación de trileros” si no fuera por el grave perjuicio económico generado al erario público municipal en beneficio de empresas privadas.
En la operación están implicados además del alcalde de CC, el portavoz socialista en el Ayuntamiento en el momento que se efectuó la operación, Emilio Fresco; el ex portavoz municipal del PP José Emilio García Gómez; Antonio Plasencia, presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, y el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González.
Así mismo, figuran el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los técnicos y cargos municipales Antonio Messía de Yraola, Juan Reyes, José Luis Roca, José Eugenio de Zárate y José Tomás Martín González, que según Pérez, que fueron los cooperadores necesarios para dar cobertura “a una operación manifiestamente ilegal”.
