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La Justicia deniega las medidas cautelares solicitadas por los suspendidos del PSC tinerfeño

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife ha denegado las medidas cautelares solicitadas por los militantes del PSC de esa ciudad que recurrieron los acuerdos de la Ejecutiva Federal del PSOE que suspendía en sus funciones a las direcciones de ese partido en Tenerife y en su capital. La juez rechaza que los derechos de los afiliados recurrentes puedan verse vulnerados porque “pueden ejercitar su derecho de participación [en la vida política] ya que son muy libres de ejercitarlos en otros partidos políticos, adecuándose a sus normas”.

Mediante este auto, dado a conocer este miércoles, la juez María del Carmen Serrano condena a los 38 militantes que interpusieron el recurso a pagar las costas judiciales de esta tramitación. Entre esos recurrentes se encuentran José Manuel Corrales, Ignacio Viciana, Santiago Pérez y Pedro Anatael Meneses.

Según el auto judicial, la creación de las gestoras por parte de la Ejecutiva Federal del PSOE fue una decisión tomada de acuerdo a las normas de funcionamiento y estructura interna del partido, por el órgano competente y el procedimiento adecuado. La magistrada tampoco considera que las medidas cautelares sean necesarias para evitar un daño irreparable en caso de que una futura sentencia diera la razón a los demandantes, ya que estima que no se vulneran derechos fundamentales.

La juez da por buena la versión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE por la que ese partido sufría en la isla de Tenerife “una situación de conflicto” que derivó en la decisión, tomada el 26 de octubre de 2010, de suspender en sus funciones a las ejecutivas insular y local de Santa Cruz de Tenerife. A su vez, la magistrada recuerda que “los partidos políticos requieren de unas normas que han de cumplir sus afiliados, así como una jerarquía en la toma de decisiones que han de respetar todos ellos para garantizar la prevalencia de los principios que informan la ideología del partido”.

“Para mí es la esperanza de que comience el reencuentro de todos los socialistas frente al adversario político, de manera que nos dispongamos a convencer a los ciudadanos de Santa Cruz de que somos una alternativa para gobernar esta ciudad”, declaró este miércoles, al conocer el auto, el candidato del PSC a la alcaldía de la capital tinerfeña, Julio Pérez.

“No se ha cerrado ningún agrupación”

Corrales y Viciana, junto con otros 36 demandantes más, entre ellos, Santiago Pérez, alegaban asimismo que se les impide participar en la vida política, pero este punto tampoco es admitido ya que, como cualquier persona particular, “pueden ejercitar su derecho de participación”, amén de que “no se ha cerrado ninguna agrupación, sino únicamente se ha modificado la dirección”.

En cuanto a la urgencia de las medidas cautelares, tampoco es aceptada por que “dejar sin efectos los acuerdos” equivale a “anticipar el fallo del procedimiento principal”, es decir, la demanda contra el PSOE por la creación de las gestoras, que todavía no ha sido presentada.

Raúl Alonso, ex vicesecretario general del PSOE en Tenerife y uno de los letrados que ha elaborado la demanda, ya anunciado que interpondrá recurso de apelación contra el fallo judicial.

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