“La Ley del Suelo es un golpe de mano aplaudido hasta con las orejas por los sectores más especulativos”

Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC.

Macame Mesa

Santa Cruz de Tenerife —

El portavoz del Grupo municipal Por Tenerife- Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, ha advertido de que el proyecto de Ley del Suelo supone “una posición liberalizadora, desreguladora y en mi opinión peligrosísima para nuestros recursos naturales y para una expectativa de desarrollo y de progreso sostenible para el Archipiélago”.

Pérez señala que el reciente dictamen del Consejo Consultivo no ha supuesto un “espaldarazo” al proyecto de Ley y precisa que en sus conclusiones emplea una fórmula que es “casi ritual” - en referencia a que apunta que la norma se ajusta en líneas generales a derecho – ya que este órgano trata al Ejecutivo regional “casi de alteza”. “A los demás no nos trata con las mismas contemplaciones ni deferencias”, apostilla.

Por el contrario, cree que las observaciones de legalidad y seguridad jurídica que se observan en el fundamento segundo del texto son de “un gran calado”.

En su opinión, el Gobierno canario trata de aprobar “cuanto antes” el proyecto de ley, puesto que sabe que el tiempo corre en contra del “golpe de mano que Clavijo quiere dar cuanto antes mejor”. A su juicio, a medida que pasen los días, más conocimiento tendrán los ciudadanos sobre la normativa y en consecuencia “irá creciendo la resistencia social a una ley que, en definitiva, es un golpe de mano aplaudido hasta con las orejas por los sectores más especulativos, agresivos y despiadados sobre el territorio”.

“Por su ignorancia y su ambición [Clavijo] se está convirtiendo en el instrumento de un auténtico golpe de mano, que constituye una involución a fondo de todo el esfuerzo que durante tantos años se ha estado intentando llevar a cabo, con muchas dificultades, para acompasar en Canarias el progreso económico y el respeto de los recursos naturales”.

El edil pone de relieve las advertencias que hace el Consultivo sobre el informe autonómico vinculante, cuya regulación considera “insufiente”; la “eventual inseguridad jurídica” que supondría la derogación de directrices de ordenación; y la “indeterminación jurídica” que envuelve a los proyectos declarados de interés insular o autónomico.

Sobre el primer punto, que haría recaer sobre ayuntamientos y cabildos la responsabilidad de aprobar sus respectivos planeamientos, lamenta el “respaldo entusiasta de algunos alcaldes ambiciosos, especialmente de zonas turísticas – algunos muy señalados del sur de Tenerife – que pretenden convertirse definitivamente en señores feudales de sus propios municipios”.

Sobre la disminución de competencias a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), advierte de que la práctica totalidad de los ayuntamientos “no están en condiciones de ejercer internamente el control de legalidad del planeamiento”. Por dos motivos principales: no cuentan con recursos humanos cualificados para llevar a cabo ese trabajo y, además, los secretarios municipales tampoco cuentan con un estatuto jurídico que les garantice la independencia suficiente para ejercer la función de control de legalidad, explica.

Asimismo, alerta de que los funcionarios de la Comisión de Ordenación, que define como muy cualificados, están “huyendo despavoridos”. “La Cotmac está en fase de liquidación y cierre y los funcionarios están pidiendo destino para marcharse, ante los constantes anuncios de que la van a desmantelar, porque van a quitarle sus funciones”, apostilla.

De llevarse a efecto la recomendación del Consejo y abarcar el informe vinculante toda la legalidad y no sólo los aspectos requeridos por las administraciones municipales e insulares, como así ha aventurado el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, que se hará: “lo que Clavijo ha estado anunciando a los cuatro vientos, que es que los ayuntamientos van a aprobar definitivamente los planes generales de ordenación, se convertiría en un acto de naturaleza compleja, de tal manera que estarían sujetos al dictamen de la comunidad autónoma”.

En referencia a las directrices de ordenación, recuerda que el presidente regional trató de urbanizar “masivamente”, en su época de alcalde de La Laguna, unas bolsas de suelo agrícola ubicadas en la costa de la localidad de Valle de Guerra. Sin embargo, una directriz se lo impidió al ser una zona con valores agrícolas. Con la derogación, que en principio se mantendría, un planeamiento puede urbanizar esos ámbitos sin ninguna norma que lo prohíba. “La inseguridad jurídica es enorme”, manifiesta Pérez.

Tampoco tiene previsto el Gobierno modificar las “actividades impropias en suelo rústico”, lo que Pérez considera un error.

Etiquetas
stats