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La aplicación de la nueva Ley del Suelo genera dudas para los propietarios de 364 fincas rústicas de Gran Canaria

El Cabildo está recibiendo a los ciudadanos que solicitaron la recalificación de sus parcelas para resolver sus trámites e informarles sobre la norma

La corporación también ha colaborado en unas jornadas sobre la Ley del Suelo dirigidas a profesionales y técnicos de los ayuntamientos y que contaron con 850 inscritos

El urbanista Faustino García Márquez, uno de los ponentes, sigue insistiendo en que la nueva norma atenta contra el desarrollo sostenible

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El presidente de Acadur, José Juan Santana, y la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria Inés Miranda.

El presidente de Acadur, José Juan Santana, y la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria Inés Miranda. Canarias Ahora

La  entrada en vigor de la Ley del Suelo ha generado incertidumbre entre los profesionales del sector y entre los ciudadanos, especialmente en lo referente a la calificación territorial. Con la nueva norma, cambia la situación en el suelo rústico, en el que las calificaciones territoriales han desaparecido y ello está generando dudas. Por este motivo, el Cabildo de Gran Canaria está asesorando a quienes han soliciatado una recalificación de sus parcelas. En total, la Corporación Insular tiene pendiente de resolver 364 solicitudes.

Así lo explicó este miércoles la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, durante la clausura de unas jornadas sobre esta nueva norma que se han celebrado en Infecar para profesionales, donde volvió a manifestar que la corporación sigue manteniendo su "dura crítica" a la Ley del Suelo.

No obstante, teniendo en cuenta que "en un estado de derecho hay que cumplir la Ley" y, conscientes de que hay que adaptarse a esta nueva norma, han puesto en marcha distintas iniciativas como estas jornadas y el asesoramiento a los ciudadanos.

Debido a la nueva Ley del Suelo, la Consejería también tendrá que reestructurarse en cuanto a personal. Se van a crear unas 30 plazas para atender a los nuevos proyectos que se ejecuten en el marco de la nueva norma.

La consejera explicó en relación a los espacios naturales protegidos que, aunque ya eran competencia de la Corporación Insular, aún no ha llegado por parte del Gobierno de Canarias los recursos humanos y el presupuesto que le corresponde en esta materia, por lo que en su departamento aún se encuentran reorganizándose.

Sobre esta norma también se pronunció este martes el presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístco (Acadur), José Juan Santana, para quien esta "ley genera una lógica incertidumbre en el sector”. Además, destacó el “importante efecto en las administraciones”, que necesitarán reorganizar su personal para hacer frente a los nuevos procedimientos aprobados en la normativa, así como la contratación de expertos, “sobre todo en las administraciones locales”.

Santana celebró el gran interés que han despertado estas jornadas, pues contaron con 850 participantes. También ha tenido gran expectación en otras islas, por lo que la asociación ha organizado sesiones informativas en Lanzarote y Fuerteventura.

Una norma que afecta al desarrollo sostenible

A pesar de su entrada en vigor el pasado mes de septiembre, la Ley del Suelo ha sido impugnada en el Constitucional por Unidos Podemos. Además, la norma  sigue su batalla en Bruselas, donde la Comisión de Medio Ambiente debatirá si atenta contra el desarrollo sostenible. En este punto incidió este miércoles también el reconocido urbanista Faustino García Márquez, para quien la nueva Ley amenaza la sostenibilidad del territorio y no ha atendido al criterio de "durabilidad, prudencia o competencia". 

Se trata de una norma que, a su juicio, se empezarán a notar sus efectos poco a poco y especialmente cuando empiecen a adaptarse los planes municipales, al igual que sucederá con la Ley de Islas Verdes.

El experto también hizo hincapié en su ponencia en el alquiler vacacional, que va a  llevar a "muchos pleitos" en los juzgados ya que el querer separar ambos usos lleva a que se tengan que tomar decisiones tanto a nivel de ordenación como municipal y autonómico.

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