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Llamazares pide en el Congreso la paralización de las obras de Granadilla

PIDE QUE EL PRESUPUESTO SE DESTINE A FINES SOCIALES

El diputado asegura que tras la sentencia del TS es imprescindible que las obras en curso del puerto de Granadilla se precinten y paralicen".

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El diputado de I.U. y miembro de la comisión de justicia del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, se ha dirigido a la Cámara Baja pidiendo la paralización de las obras del puerto de Granadilla. Tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de julio, en la que mantiene los sebadales en el catálogo de especies protegidas, ha afirmado que "es imprescindible que estas obras en curso se precinten y paralicen".

Gaspar Llamazares en el Congreso de los Diputados.

Gaspar Llamazares en el Congreso de los Diputados.

Para Gaspar Llamazares, la intención del Gobierno de Canarias al descatalogar a los Sebadales, hecho rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ahora ratificado por el Tribunal Supremo, tenía por finalidad el allanar el camino jurídico que hiciera posible la construcción del puerto de Granadilla, por lo que las obras son ilegales y deben paralizarse de inmediato.

Con respecto a los 37 millones de euros, incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, para cofinanciar el puerto de Granadilla, Llamazares pide que se destinen a sanidad, educación y servicios sociales en Canarias, puesto que de continuar destinados a esta obras se estaría financiando una obra ilegal. Obra que, el diputado de I.U., ha calificado de innecesaria, ilegal, inviable, impactante e, inútil.

En este sentido, Gaspar Llamazares, le ha preguntado al Gobierno que si piensa paralizar las obras del puerto de Granadilla y, si va a destinar los 37 millones de euros a fines sociales en Canarias.

Los colectivos y organizaciones, contrarias a esta infraestructura, informadas y consultadas sobre este hecho, han declarado que se trata de una noticia positiva, ya que esta demostrando que los defensores del puerto de granadilla, cuentan cada vez con menos apoyo y, en la soledad de defender lo indefendible, se encaminan hacia la desobediencia jurídica y, posiblemente a enfrentarse a demandas penales, por tal incumplimiento. Por lo que el sentido común debería indicarles que lo lógico es la paralización de las obras de inmediato.

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