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Luzardo dice que Emalsa le ''coló'' una factura de 120.000 euros en 2006

''POR UN ESTUDIO QUE NO ERA NADA'', ASEGURA AHORA

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La contundencia y control sobre la compañía Emalsa que ahora exige la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, al alcalde, Jerónimo Saavedra, quedaron en entredicho en el último tramo del pasado mandato municipal, cuando la hoy líder de la oposición ejercía de regidora. La empresa mixta le logró colar una factura de 120.000 euros por la redacción de un informe rutinario sobre las incidencias de un incendio ocurrido en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Barranco Seco en el verano de 2006.

Pepa Luzardo desveló este martes que "uno de los socios privados de Emalsa", esto es, las empresas Saur o Sacyr, propietarias del 66% de las acciones de la compañía, cobró una factura por ese importe "por un estudio que no era nada", explicó la concejala del PP en el transcurso de un encuentro con periodistas para "contestar" a la entidad por el anuncio de pago publicado este fin de semana en la prensa local en el que la entidad se defiende de las críticas de la ex alcaldesa.

Aquella factura, que finalmente se pagó, como reconoció Luzardo a preguntas de ACN Press, venía a financiar un estudio que consistía en "sobre todo fotos", dijo la portavoz popular, sobre el incendio que inutilizó varios depósitos de la Depuradora. El incidente se produjo la primera semana de septiembre de 2006, menos de nueve meses antes de que el PP perdiera la alcaldía en beneficio de PSC-PSOE.

Los efectos del incendio en la Depuradora duraron varios meses, ya que afectaron a los filtros que impiden el paso de malos olores, provocando emanaciones hasta el mes de marzo que provocaron quejas vecinales, sobre todo en los barrios de Vegueta y Triana.

Según Luzardo, el alto coste de la factura cobrada por uno de los socios de Emalsa le hizo reaccionar y exigir a la compañía que permitiera al concejal de Medio Ambiente, Ángel Sabroso, que accedió al cargo por aquellas fechas en sustitución de Rafael Santana, destituido por la alcaldesa, estar presente cada vez que se producía un proceso de contratación similar.

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