El gerente de la Mancomunidad de Gran Canaria niega contactos con empresarios del 'caso eólico'

El abogado José Sanabria, gerente de la Mancomunidad de Municipios de Gran Canaria para la potenciación de las energías renovables, afirmó este martes en la comisión parlamentaria que investiga el caso eólico que ni conoce ni fue contactado nunca por los empresarios que supuestamente recibieron información privilegiada sobre el concurso.

La presencia de Sanabria ante la comisión de investigación fue requerida por el Partido Socialista, debido a que su nombre y número de teléfono figuraba en un correo electrónico remitido por el ex director general de Industria Celso Perdomo a los empresarios Wilebaldo Yanes y Daniel Fernández Salamanca como posible contacto para conseguir terrenos públicos con los que concurrir al concurso. Sin embargo, el gerente de la Mancomunidad señaló que no conoce a los dos empresarios que supuestamente recibieron información privilegiada sobre las bases del concurso.

Nunca contactaron con él, mientras que a Celso Perdomo lo conocía como conoce a otros cargos públicos por razón de su trabajo, sostuvo. Sanabria indicó que él no sabe si existe ese correo electrónico supuestamente remitido por Celso Perdomo a Yanes y Fernández Salamanca, al igual que desconoce si aparece su nombre y las razones de su inclusión en el listado.

Señaló que es público su puesto como gerente, al igual que el proyecto que la Mancomunidad pensaba presentar para el concurso eólico, y subrayó que en la junta de este organismo supramunicipal las decisiones las toman los representantes de los ayuntamientos, mientras que él tiene voz pero no voto.

Inversión de doce millones para unos beneficios de 1,8 millones anuales

La obtención de una concesión de un parque eólico de 12 megavatios por parte de la Mancomunidad, formada por San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo y Vega de San Mateo, perseguía sufragar los gastos de alumbrado público de estos municipios. Los cálculos eran que la inversión para el proyecto serían unos doce millones de euros, que se amortizarían en siete años y a partir del octavo los beneficios serían de unos 1,8 millones de euros anuales.

Para este proyecto, cuyo contenido se hizo público desde 2002 y en el que iba a participar el Instituto Tecnológico de Canarias con un 10%, el Ayuntamiento de San Bartolomé cedió un terreno de 38.000 metros cuadrados, que hubo que ampliar en otros 40.000 para que cupieran los aerogeneradores de 4 megavatios cada uno, explicó el gerente. Pero el convenio de cesión de los terrenos preveía la posibilidad de que a su vez la Mancomunidad podía ceder la explotación del parque eólico a una entidad de gestión pública o privada, algo sobre lo que pidieron explicaciones los diputados socialistas Gloria Gutiérrez y Santiago Pérez.

Sanabria explicó que el proyecto era 100% público, pero indicó que eso no excluía la posibilidad de que se creara posteriormente una entidad de gestión pública, como era su idea, o privada. La inclusión de esa cláusula, según sus explicaciones, perseguía simplificar los trámites administrativos, de manera que si se procedía posteriormente a crear esa entidad de gestión no fuera necesario un nuevo acuerdo del pleno municipal de San Bartolomé.

El socialista Santiago Pérez señaló que en este fallido concurso eólico que investiga el Parlamento proliferan las cláusulas “ingeniosas y pintorescas” en los acuerdos municipales que permiten la cesión de la gestión a entidades, unas cláusulas cuyo origen nadie explica y nunca se sabe quién las ha propuesto. Los normal sería, según Pérez, que en defensa del interés público los terrenos municipales se ofrecieran en concurso abierto y con libre concurrencia a la mejor oferta, no de manera discrecional una vez obtenida la concesión del parque.

José Sanabria corroboró que él no conoce quién incluyó esa cláusula en el acuerdo de cesión, pero precisó que la cesión a terceros se limitaría a la concesión administrativa para explotar el parque, pero no el suelo público, y siempre con autorización de la Dirección General de Industria.

'Wily', de viaje fuera del Archipiélago

Por otro lado, el empresario Wilebaldo Yanes remitió un escrito a la comisión eólica en la que informa de que no podrá comparecer este viernes en el órgano parlamentario, como estaba previsto, por encontrarse fuera de las Islas, según informó Guadalupe González Taño, presidenta del órgano parlamentario de investigación sobre el concurso. Ante ello, se adoptarán los trámites para solicitar su asistencia en otra sesión.